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AGE - Gestión financiera, presupuestaria, pagos y nóminas
Marta, funcionaria C1 de un ministerio, reingresa al servicio activo el 8 de septiembre de 2026 tras una excedencia sin derecho a retribuciones. El 25 de septiembre pasa a servicios especiales, por lo que su último día retribuible por el ministerio es el 24. Para septiembre, de 30 días, sus derechos fijos mensuales ya validados ascienden a 1.800 euros, incluidos sueldo, un trienio reconocido anteriormente y complemento específico. La paga extraordinaria de diciembre que correspondería al período completo sería de 1.200 euros. Durante el semestre solo presta servicios entre el 8 y el 24 de septiembre. Deben descontarse una cuota de 120 euros de un anticipo reintegrable y 180 euros de retenciones y cotizaciones calculadas por el sistema sobre el importe realmente debido. Por recepción tardía de las altas y bajas, se abonó inicialmente la mensualidad completa sin descontar el anticipo.
RDL 5/2015 (TREBEP) · Ley 33/1987 · Orden de 30 de julio de 1992 · Resolución de 2 de enero de 1997 · Real Decreto 2073/1999 · Ley 35/2006 · Ley 47/2003
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AGE - Gestión financiera, presupuestaria, pagos y nóminas
Elena, funcionaria A2, es enviada a Bruselas mediante orden de la Subsecretaría. La comisión comienza el 16 de septiembre de 2026 a las 10:00 y termina el día 18 a las 18:00. La orden autoriza avión en clase económica y desplazamientos urbanos justificados. La organización anfitriona proporciona gratuitamente alojamiento las noches del 16 y 17, pero no manutención. Elena recibe un anticipo de 700 euros. Tras finalizar la misión viaja por decisión personal a París y regresa a Madrid el día 20. La agencia desglosa 220 euros correspondientes al itinerario oficial directo y 80 euros por el cambio personal. Además, Elena utilizó su coche particular para recorrer 32 kilómetros hasta el aeropuerto sin autorización expresa y presenta solo el justificante del taxi de ida entre el aeropuerto de Bruselas y la sede. La orden no fue modificada.
Real Decreto 462/2002 · Orden HFP/793/2023 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)
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AGE - Gestión financiera, presupuestaria, pagos y nóminas
Una caja pagadora dispone de un anticipo de caja fija autorizado por 18.000 euros. Paga 640 euros por material ordinario no inventariable y 500 euros por mantenimiento preventivo periódico, ambos conceptos incluidos en la resolución interna del sistema. El primer justificante es correcto. La factura del mantenimiento acredita el servicio, pero omite la razón social completa y el NIF del proveedor. Tras los pagos, el saldo teórico de tesorería debería ser 16.860 euros; el recuento arroja 16.840, con una diferencia negativa de 20 euros todavía no explicada. El cajero solicita reponer 1.160 euros, suma de los dos pagos y del descuadre, para devolver materialmente el fondo a 18.000. Después afirma que puede obtener una factura rectificativa y conciliar la diferencia. La unidad debe determinar qué es justificable, qué puede reponerse ahora y cómo cerrar la cuenta.
Ley 47/2003 · Real Decreto 725/1989 · Orden de operatoria contable de 1 de febrero de 1996 · Real Decreto 1619/2012
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AGE - Gestión financiera, presupuestaria, pagos y nóminas
Una representación de España en el exterior debe atender con urgencia diversos gastos vinculados a una operación consular. Al formular la propuesta no es posible aportar todas las facturas definitivas. Se libra a la Caja Pagadora un pago a justificar de 48.000 euros. Antes del cambio devuelve 1.500 euros mediante carta de pago; convierte en divisa los 46.500 restantes, gasta 45.900 y conserva un remanente equivalente a 600 euros. El habilitado aporta facturas válidas por 44.700 euros, por lo que quedan 1.200 euros aplicados sin justificación bastante. Presenta la cuenta siete meses después de percibir los fondos, sin ampliación previa, y propone compensar el remanente en un libramiento posterior. La oficina había tramitado otro fondo mediante anticipo de caja fija para gastos periódicos.
Ley 47/2003 · Real Decreto 640/1987 · Real Decreto 725/1989 · Real Decreto 938/2005 · Orden AUC/462/2021 · Orden PCM/917/2021 · Resolución IGAE de 23 de marzo de 2006
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AGE - Gestión financiera, presupuestaria, pagos y nóminas
Una sociedad de responsabilidad limitada entrega correctamente el 3 de marzo un suministro a un ministerio. Ese mismo día remite por FACe una factura electrónica de 36.000 euros, pero consigna un código DIR3 correspondiente a una unidad tramitadora de otro departamento. El registro contable detecta que el dato impide la tramitación, no anota la factura y la devuelve al registro administrativo indicando la causa. Avisado el proveedor, este corrige el código y presenta una nueva factura al día siguiente. La unidad competente acredita la conformidad el 20 de marzo. La Administración ordena el pago el 18 de abril y el abono llega el 22 de abril. El proveedor sostiene que todo plazo debe contarse desde el primer envío rechazado.
Ley 25/2013 · Orden HAP/492/2014 · Ley 9/2017 · Ley 47/2003
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AGE - Gestión financiera, presupuestaria, pagos y nóminas
Un ministerio adquiere servidores destinados a permanecer cinco años en servicio por 240.000 euros. Para que funcionen, el adjudicatario debe instalar físicamente componentes y cableado inseparables por 24.000 euros. El mismo expediente desglosa un soporte anual separable por 30.000 euros y formación inicial al personal por 6.000 euros. Además, el ministerio concede a un organismo público dependiente 80.000 euros para que este compre, reciba e incorpore a su propio inventario otros equipos. Existe crédito disponible: 270.000 euros en el concepto de equipos para procesos de información, 40.000 en aplicaciones de gasto corriente adecuadas y 80.000 en transferencias de capital. La oficina debe clasificar 380.000 euros sin atender únicamente al nombre del contrato.
Ley 47/2003 · Resolución DGP de 20 de enero de 2014 · Orden HAC/557/2026 · Ley 33/2003
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AGE - Gestión financiera, presupuestaria, pagos y nóminas
Un contrato de obras de 2.000.000 de euros se formalizó el 1 de marzo de 2025. El pliego contiene una fórmula de revisión periódica y predeterminada. Antes de mayo de 2026 se habían certificado 420.000 euros de obra conforme al proyecto. En mayo se ejecutan otros 200.000 euros conformes; el coeficiente provisional aplicable es 1,05. La dirección facultativa comunica además 35.000 euros de exceso de medición aún no comprobado ni incorporado a certificación. La aplicación presupuestaria solo dispone de 205.000 euros. La certificación mensual se prepara el 5 de junio y el gestor propone incluir obra, revisión y exceso, dejando el déficit para el mes siguiente.
Ley 9/2017 · Ley 47/2003 · Orden de operatoria contable de 1 de febrero de 1996 · Real Decreto 1619/2012
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AGE - Gestión financiera, presupuestaria, pagos y nóminas
Un ministerio concede 600.000 euros a una fundación para un proyecto internacional urgente. Las bases permiten un pago anticipado del 80 % y exigen garantizar el importe anticipado incrementado en un 10 %. La resolución prevé justificar el proyecto al concluir. La fundación solicita cobrar ya 480.000 euros, pero aporta garantía por 300.000. Además, un certificado refleja una deuda tributaria de 12.000 euros en período ejecutivo. La fundación ha interpuesto una reclamación económico-administrativa contra la deuda, pero no ha solicitado ni obtenido su suspensión. El órgano gestor ha autorizado y comprometido el gasto, pero todavía no ha reconocido la obligación ni ordenado el pago. Alega que la urgencia internacional permite completar después garantía y situación tributaria.
Ley 38/2003 (LGS) · RD 887/2006 · Ley 47/2003 · Ley 58/2003 (LGT)
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AGE - Simulacros integradores
Tras unas inundaciones, la Delegación del Gobierno debe abrir en cuarenta y ocho horas una oficina temporal durante cuarenta y cinco días. El ayuntamiento ofrece gratuitamente un centro cívico mediante un documento que fija uso exclusivo, accesibilidad, suministros y restitución. La Subsecretaría desplaza cuatro funcionarios para tareas extraordinarias; tres viajan desde otro municipio. Una entrada tiene escalón y falta mostrador accesible. Hay que reparar de inmediato la instalación eléctrica dañada por 24.000 euros, adquirir 3.800 euros de material ordinario y gestionar este último gasto con una caja pagadora cuyo anticipo autorizado es de 18.000 euros. Los formularios recogen domicilio, teléfono y datos de salud o movilidad de las personas damnificadas. Un escrito reúne una queja por el trato recibido y una solicitud de ayuda. Al cerrar, deben transferirse todos los expedientes a la unidad provincial competente.
Ley 40/2015 · Ley 39/2015 · Reglamento de Bienes de las Entidades Locales · Real Decreto 366/2007 · Real Decreto 364/1995 · Real Decreto 462/2002 · Ley 9/2017 · Ley 47/2003 · Real Decreto 725/1989 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · Real Decreto 203/2021 · Real Decreto 951/2005 · Resolución DGP de 20 de enero de 2014 · Ley 31/1995
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AGE - Simulacros integradores
La Subdelegación del Gobierno inicia en octubre de 2026 la digitalización de 180.000 expedientes en papel sin cuadro de clasificación uniforme. Un contrato de dieciocho meses exige imagen, metadatos, control de calidad y dos hitos, del 40 % y 60 %. La encargada remitió por error una muestra sin cifrar a una subcontratista no autorizada, que accedió; después contuvo el envío e informó a la Subdelegación. En el primer hito faltan metadatos y, pese a ello, factura la totalidad prevista. El proyecto desplaza temporalmente a seis funcionarios desde tareas de archivo a validación y asistencia, sin cambiar de edificio ni reducir retribuciones. Para ganar espacio se pretende destruir originales al terminar cada escaneo. La oficina anuncia además dos mañanas sin atención presencial. El gasto combina digitalización, licencias y escáneres y se reparte entre 2026 y 2027. Al finalizar deben quedar copias auténticas, originales con destino legal y datos devueltos o suprimidos por el proveedor.
Ley 16/1985 · Real Decreto 1708/2011 · Ley 39/2015 · Real Decreto 203/2021 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · LO 3/2018 (LOPDGDD) · Real Decreto 311/2022 · Ley 9/2017 · RDL 5/2015 (TREBEP) · Ley 47/2003
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AGE - Simulacros integradores
La Dirección General de Función Pública prepara la única convocatoria que ejecutará íntegramente 1.000 plazas de la OEP: 900 generales, 80 reservadas para discapacidad distinta de la intelectual y 20 para discapacidad intelectual. El borrador pretende suprimir definitivamente veinte para abaratar sedes. Una aspirante solicita en plazo lector de pantalla y ampliación temporal, con dictamen técnico. La plataforma externa trata solicitudes y datos de salud; el contrato de sedes accesibles cuesta 420.000 euros y prevé una opción de 60.000, sin IVA. La ejecución firme se distribuye en 168.000 euros en 2026 y 252.000 en 2027; el crédito inicial de 2026 es de 300.000 euros. El proveedor factura un hito que aún no incluye las pruebas. Ese día, una candidata presenta DNI con apellido actualizado e idéntico número identificativo. Otra aspirante pide copia de todos los dictámenes médicos de adaptación. La Comisión Permanente de Selección debe cerrar un expediente auditable.
Real Decreto-ley 6/2023 · RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 2271/2004 · Orden PJC/804/2025 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · LO 3/2018 (LOPDGDD) · Ley 9/2017 · Ley 47/2003 · Real Decreto 364/1995 · Ley 39/2015 · Ley 40/2015 · Real Decreto Legislativo 1/2013
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AGE - Simulacros integradores
La Agencia Estatal de Apoyo Habitacional contrató un servicio SaaS para ordenar solicitudes de una ayuda esencial de emergencia y lo puso en servicio por primera vez el 20 de agosto de 2026. La Agencia fijó fines y criterios; el proveedor trata los datos por sus instrucciones. En septiembre, el sistema relegó expedientes de códigos postales donde reside mayoritariamente población de origen étnico protegido, aunque reunían la misma urgencia objetiva. El personal confirmó mecánicamente la clasificación: se notificaron seis resoluciones desfavorables, todavía recurribles, y once propuestas no se han firmado. El delegado de protección de datos alertó del sesgo; la auditoría no halló acceso, pérdida ni divulgación no autorizados. El contrato exige trazabilidad, auditoría, intervención humana y ausencia de sesgos, pero el proveedor ocultó las variables derivadas. Queda pendiente la conformidad mensual y el pago. Vencen pronto varios plazos y la Agencia debe revisar solicitudes, oír a las personas afectadas y decidir consecuencias contractuales.
Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · Reglamento de Inteligencia Artificial · Reglamento (UE) 2026/1744 · Ley 15/2022 · Ley 9/2017 · Ley 39/2015 · Ley 47/2003
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AGE - Simulacros integradores
En la Dirección Provincial de un organismo estatal, Laura, funcionaria titular, disfrutaba un periodo autorizado de permiso por nacimiento hasta el 17 de marzo de 2026 y se reincorporó el día 18. Elena fue nombrada interina por sustitución, tomó posesión el 6 de enero y su nombramiento vinculaba el cese a la reincorporación de Laura. La unidad comunicó tardíamente su alta al Registro Central de Personal el 25 de enero y no cursó la baja a tiempo. En marzo ambas recibieron 1.860 euros de retribuciones fijas: Laura conserva plenitud de derechos económicos; Elena solo prestó servicio hasta el día 17. En un mes de 31 días, el importe diario es 60 euros. Quedan 1.100 euros disponibles en capítulo I. Elena, de buena fe, ofrece devolver inmediatamente el exceso antes de ser requerida. Personal debe conciliar nombramiento, RCP, nómina, contabilidad y reintegro.
RDL 5/2015 (TREBEP) · Ley 33/1987 · Ley 47/2003 · Ley 39/2015 · Real Decreto 2073/1999 · Resolución RCP de 27 de diciembre de 2018 · Orden de 30 de julio de 1992 · Resolución de 2 de enero de 1997 · Orden de operatoria contable de 1 de febrero de 1996
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AGE - Simulacros integradores
Una comunicación recibida el 16 de octubre de 2025 por el sistema interno de un ministerio atribuyó a Javier, funcionario C1, la copia a un dispositivo personal de doce expedientes con datos de salud ajenos a sus funciones. Los registros, preservados en solo lectura, sitúan la operación el día 15. El expediente disciplinario se incoó el 25 de octubre de 2025. El instructor conoce profesionalmente a la informante y mantiene amistad íntima acreditada con Javier, expedientado. Dos expedientes pertenecen a terceros; sus nombres y datos médicos son innecesarios para la defensa. Javier solicita copia íntegra e identidad de todos. Los logs son prueba decisiva independiente de la denuncia. Desde el 15 de abril de 2026 está suspendido provisionalmente de funciones y sin accesos; han transcurrido cinco meses y veinte días. A 5 de octubre faltan veinte días para el límite de doce meses del procedimiento. Deben practicarse prueba y audiencia sin revelar datos innecesarios.
RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 33/1986 · Ley 40/2015 · Ley 39/2015 · Ley 2/2023 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · LO 3/2018 (LOPDGDD) · Real Decreto 311/2022 · Ley 14/2000
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AGE - Simulacros integradores
La Dirección General de Fondos Europeos concedió en concurrencia competitiva a Fundación Horizonte una ayuda de 160.000 euros, equivalente al 80 % de un proyecto de capacitación de 200.000 euros, y anticipó íntegramente la subvención. Las bases permitían subcontratar hasta el 50 %, exigían autorización previa para contratar con vinculadas y aplicaban los criterios legales de graduación. Horizonte encargó por 80.000 euros la plataforma que constituía el 40 % de la actividad a una sociedad controlada por uno de sus patronos, sin pedir autorización ni recabar tres ofertas; había proveedores alternativos y el compromiso se asumió después de concederse la ayuda. Los otros 120.000 euros están correctamente pagados y justificados. El alumnado completó la formación y los indicadores materiales se alcanzaron. Una verificación de gestión detecta la incidencia antes de cerrar la operación cofinanciada.
Ley 38/2003 (LGS) · RD 887/2006 · Ley 39/2015 · Reglamento (UE) 2021/1060
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La Gerencia de Infraestructuras ejecuta una obra plurianual de cuatro millones de euros, IVA excluido, para rehabilitar un edificio estatal. Durante la segunda anualidad aparecen bajo una cimentación restos constructivos no reflejados en estudios previos y objetivamente imprevisibles para una Administración diligente. La dirección facultativa ordena preservar la zona y propone nuevas unidades por 600.000 euros, un 15 % del precio inicial, sin alterar la naturaleza global del contrato. El sector oriental puede continuar, pero la zona afectada está detenida y todavía no se ha extendido acta de suspensión. El contratista discrepa de dos precios nuevos. La anualidad corriente solo dispone de 200.000 euros libres y la certificación mensual incluye 350.000 euros de obra original correctamente ejecutada. El pliego exigía programa de trabajo y la modificación no estaba prevista.
Ley 9/2017 · Ley 47/2003 · RD 1098/2001
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AGE - Simulacros integradores
Marta, convocada a una cita en una Subsecretaría, resbaló en el vestíbulo y sufrió una fractura. Una tubería del edificio llevaba tres días perdiendo agua pese a dos avisos registrados a la unidad ministerial de mantenimiento. Esa mañana, el responsable ordenó mantener abierto el acceso sin reparar la fuga. La empresa de limpieza secó la zona, pero su operario omitió colocar la señal exigida por el contrato. Las cámaras muestran que Marta caminaba normalmente y no existía itinerario alternativo marcado. Reclama 22.000 euros: acredita 14.000 de daño corporal y 4.000 de pérdida de ingresos, pero no justifica otros 4.000. La aseguradora de responsabilidad del Ministerio ha anticipado, por cuenta de este y como pago parcial, 5.000 euros por los mismos daños. El crédito disponible para indemnizaciones es insuficiente. El instructor debe oír a la contratista y coordinar decisión, pago y recuperación.
Ley 40/2015 · Ley 39/2015 · Ley 9/2017 · Ley 47/2003 · Código Civil · Ley 50/1980
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El Archivo Central de un ministerio contrató por 60.000 euros el traslado de 240 cajas desde dos archivos de gestión. El inventario de salida, firmado el 22 de diciembre de 2025, asignaba código, precinto y destino a cada caja. La empresa, encargada del tratamiento, perdió la caja 117 durante treinta horas y avisó al ministerio veinte horas después de detectarlo. Contenía treinta y dos expedientes personales, incluidos datos disciplinarios y de salud. Fue localizada abierta en una zona de carga accesible a terceros; no puede descartarse consulta o copia. El pliego fijaba una penalidad de 6.000 euros por pérdida de custodia imputable. El proveedor presentó factura íntegra el 29 de diciembre. La recepción no se formalizó entonces: la caja apareció el 2 de enero de 2026 y la conciliación final se completó el día 8. Deben cerrarse incidente, contrato y gasto.
Real Decreto 1708/2011 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · LO 3/2018 (LOPDGDD) · Real Decreto 311/2022 · Ley 9/2017 · Ley 47/2003 · Orden HAC/1272/2025
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Un ministerio formaliza por 480.000 euros un contrato para digitalizar 120.000 expedientes de prestaciones. El precio unitario es de cuatro euros por expediente aceptado. El pliego exige índice, metadatos y control de calidad, identifica a la directora técnica como personal esencial y somete su sustitución a autorización previa con cualificación equivalente. La empresa actúa como encargada del tratamiento y solo puede recurrir a otro encargado con autorización previa y escrita. Sin comunicarlo, sustituye a la directora y entrega parte del escaneado a una subcontratista. En el primer hito presenta 60.000 expedientes y factura 240.000 euros; 52.000 superan el control y 8.000 carecen de índice o metadatos. Existe crédito comprometido, pero la obligación todavía no se ha reconocido. Durante la revisión, una carpeta pública expone durante tres horas 400 expedientes con datos de salud. Los registros acreditan 19 descargas externas. El ministerio bloquea el enlace, conserva las evidencias y confirma que el incidente supone alto riesgo para las personas afectadas. El contrato prevé corrección de defectos, una penalidad proporcionada por incumplimiento del personal esencial y las obligaciones de seguridad, y devolución o supresión de los datos al terminar el servicio.
Ley 9/2017 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · Ley 39/2015 · Ley 47/2003 · Real Decreto 203/2021 · Real Decreto 311/2022
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Un organismo autónomo estatal resuelve por concurso un puesto de jefatura y lo adjudica a Ana, con destino en la misma localidad. La convocatoria fija los méritos y su acreditación, y la resolución, notificada el 3 de junio de 2026, indica que agota la vía administrativa. Elena, segunda clasificada a 0,80 puntos, interpone el 10 de junio recurso potestativo de reposición y pide suspender la toma de posesión. Alega que la comisión valoró a Ana doce meses de experiencia que no constan en el certificado aportado antes de acabar el plazo. Ana formula oposición y mantiene disponible la documentación presentada. Paralelamente, un borrador de reorganización propone suprimir el puesto en octubre, trasladar sus funciones a otra unidad y reducir crédito de personal; aún no se ha aprobado la modificación de la RPT ni la presupuestaria. Un correo del director afirma que la supresión «dejará sin objeto el recurso». El puesto continúa en la RPT y dispone de crédito. El plazo de toma de posesión de Ana sigue abierto.
Ley 39/2015 · RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 364/1995 · Ley 47/2003 · Ley 40/2015
Administrativo AGE
AGE - Simulacros integradores
Una Dirección General atiende presencialmente a unas novecientas personas por semana en un edificio estatal. La entrada tiene seis escalones, el ascensor no admite sillas de ruedas y el mostrador carece de bucle de inducción. Se aprueba un proyecto de reforma por 780.000 euros, con una única unidad funcional y ejecución entre noviembre de 2026 y agosto de 2027. El proyecto prevé tres fases para conservar abierta parte de la oficina, un itinerario provisional accesible por un anexo estatal próximo y el traslado temporal de dieciocho empleados dentro de la misma localidad, sin cambiar sus funciones. El crédito inicial de 2026 es de 500.000 euros: se programan certificaciones por 300.000 euros en 2026 y 480.000 en 2027. Durante la obra aparece una viga oculta que un estudio diligente no pudo detectar; la solución añade un 9 %, no cambia la naturaleza global y todavía no se ha ejecutado. Ciudadanos presentan quejas por señalización confusa. La contratista pide certificar cada fase y recibir la obra sin comprobar el funcionamiento del ascensor.
Real Decreto Legislativo 1/2013 · Ley 4/2026 · Real Decreto 366/2007 · Ley 9/2017 · Ley 47/2003 · Ley 31/1995 · RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 364/1995 · Real Decreto 951/2005 · Ley 39/2015 · Resolución DGP de 20 de enero de 2014
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AGE - Simulacros integradores
El 5 de octubre de 2026, un terremoto corta los accesos a la capital de un país extranjero y obliga a la Embajada de España a evacuar a 186 personas hacia un puerto seguro. La Subsecretaría designa a la jefa de Cancillería como coordinadora, pero conserva en cada órgano sus competencias. Autoriza por cuatro días la comisión de tres funcionarios destinados en otra ciudad. El órgano de contratación encarga de emergencia, en expediente separado, autobuses por 72.000 euros. Para alojamiento puntual, combustible y medicamentos cuya documentación no puede aportarse al inicio, se libran 30.000 euros a justificar al habilitado. Este cambia la totalidad a 1,25 unidades locales por euro, gasta 35.000 unidades y conserva 2.500. Dos pequeños proveedores solo pueden entregar recibos identificados y firmados. La lista operativa contiene nombre, teléfono, salud y punto de recogida de cada evacuado. Terminada la salida el 9 de octubre, deben liquidarse la comisión, la prestación de transporte y la cuenta del libramiento sin mezclar sus documentos ni sus controles.
Ley 40/2015 · Real Decreto 462/2002 · Ley 9/2017 · Ley 47/2003 · Real Decreto 640/1987 · Real Decreto 938/2005 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)
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Una norma de reestructuración publicada en el BOE suprime el 15 de octubre de 2026 la Subdirección de Tramitación del Organismo Autónomo de Servicios Sociales y atribuye íntegramente sus funciones a la nueva Subdirección de Gestión Integrada. Hay 84 expedientes en instrucción, nueve notificaciones preparadas y doce carpetas híbridas con originales en papel; sus plazos continúan corriendo. Una orden anterior delegaba determinadas resoluciones en la persona titular de la unidad suprimida. Ocho puestos siguen adscritos a ella en la RPT, aunque una nota interna ordena al personal incorporarse a la sucesora. Quedan 420.000 euros en una aplicación vinculada al antiguo centro gestor y existen documentos A y D por 180.000. El certificado de sello, la sede y el Punto de Acceso General todavía muestran la denominación extinguida. Los expedientes incluyen datos de discapacidad y bancarios. La disposición transitoria conserva los actos anteriores y ordena a la unidad sucesora continuar la tramitación. Debe ejecutarse la transición sin exigir nuevas solicitudes ni ocultar quién actúa desde la fecha efectiva.
Ley 40/2015 · Ley 39/2015 · RDL 5/2015 (TREBEP) · Ley 47/2003 · Real Decreto 203/2021 · Real Decreto 1708/2011 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)
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El Ministerio de Derechos Sociales adjudica por 240.000 euros una campaña sobre servicios de autonomía personal. El pliego obliga a respetar igualdad y no discriminación, exige validación previa de cada pieza y califica ese deber como esencial; además prevé una penalidad proporcionada de 12.000 euros por difusión no autorizada de material contrario a esas condiciones. El segundo hito, de 80.000 euros, comprende vídeo, cuñas, carteles y versiones accesibles y solo se recibe cuando todo el conjunto es conforme. La agencia entrega un vídeo que presenta a todas las personas mayores como incapaces de decidir y dependientes de familiares jóvenes. Una técnica advierte por escrito que falta la revisión de igualdad, pero su jefa autoriza la difusión. El vídeo permanece treinta y seis horas en dos plataformas; las restantes piezas aún no se publican. Llegan catorce quejas y dos personas alegan un daño individual. La agencia factura el hito completo y ofrece sustituir en veinticuatro horas la secuencia afectada, conservando el resto. El Ministerio debe detener el daño y resolver por separado contrato, recepción, pago, quejas y responsabilidades.
CE · Ley 15/2022 · Ley 9/2017 · Ley 40/2015 · Ley 39/2015 · RDL 5/2015 (TREBEP) · Ley 47/2003 · Real Decreto 951/2005