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Corporaciones Locales
Procedimiento administrativo común
El 3 de febrero de 2026, Laura Martín presenta en el registro electrónico del Ayuntamiento de Villafranca una solicitud de licencia de obra menor para sustituir ventanas y reparar el enfoscado de una vivienda. Aporta memoria técnica, justificante de pago de la tasa y un teléfono móvil, pero no acredita la representación de su hermano, titular catastral del inmueble. El órgano instructor detecta también que falta el presupuesto desglosado exigido por la ordenanza. El 6 de febrero se dicta requerimiento de subsanación por diez días. Laura había elegido notificación en papel. El cartero intenta notificar el 9 de febrero a las 10:00 y el 10 de febrero a las 16:30, sin que nadie se haga cargo. El Ayuntamiento plantea publicar anuncio en el BOE. El expediente no tiene plazo especial fijado por ordenanza.
Ley 39/2015
Corporaciones Locales
Procedimiento administrativo común
El Ayuntamiento de San Nicasio notifica el 4 de marzo de 2026 a Javier Ruiz una liquidación tributaria municipal por ocupación de vía pública. La resolución indica que pone fin a la vía administrativa y que cabe recurso potestativo de reposición. Javier presenta recurso de reposición el 3 de abril de 2026 por registro electrónico, alegando error en la superficie liquidada. El mismo día solicita suspensión sin aportar garantía. El Ayuntamiento no resuelve el recurso durante el mes siguiente y Javier pregunta si puede presentar otro recurso de reposición o acudir al contencioso-administrativo.
Ley 39/2015
Corporaciones Locales
Procedimiento administrativo común
Marta Gómez acude a la oficina de asistencia en materia de registros del Ayuntamiento de Puerto Claro para solicitar, en nombre de la mercantil Costa Azul SL, un certificado urbanístico sobre una parcela. Presenta una autorización privada escaneada, copia del DNI del administrador y una escritura que ya consta en el archivo municipal por una licencia anterior. El empleado público duda si puede exigir nuevamente todos los documentos y si la sociedad está obligada a relacionarse electrónicamente. Marta pide que se practiquen las notificaciones en una dirección postal.
Ley 39/2015
Corporaciones Locales
Régimen jurídico y administración electrónica
El Ayuntamiento de Valdemonte aprueba la puesta en marcha de una nueva sede electrónica. Durante la primera semana, la sede muestra un calendario de días inhábiles sin actualizar y emite certificados de empadronamiento mediante actuación administrativa automatizada con código seguro de verificación. Un vecino presenta una queja porque no se identifica con claridad el órgano titular de la sede ni el órgano responsable de la actuación automatizada. La Secretaría municipal revisa si la sede, el portal de internet y los certificados cumplen la Ley 40/2015.
Ley 40/2015
Corporaciones Locales
Organización y régimen municipal
El Ayuntamiento de Ribera Alta quiere aprobar una ordenanza reguladora de terrazas en suelo público. El borrador fija horarios, condiciones de ocupación, retirada de mobiliario y criterios de accesibilidad. La Alcaldía pretende aprobarla por decreto para que entre en vigor al día siguiente. Un grupo vecinal solicita información pública y varios hosteleros presentan reclamaciones durante el plazo de exposición. La Secretaría informa sobre la competencia del Pleno, la potestad reglamentaria local, la mayoría exigible y la publicación necesaria.
Ley 7/1985
Corporaciones Locales
Organización y régimen municipal
El municipio de Valdecedro tiene 4.200 habitantes y problemas recurrentes en alumbrado público, limpieza viaria y recogida de residuos. La Alcaldía sostiene que, por su tamaño, solo está obligado a mantener el cementerio. La Diputación Provincial ofrece asistencia técnica y económica para coordinar la prestación de varios servicios. Un concejal pregunta qué servicios son mínimos, qué cambia al superar los 5.000 habitantes y qué papel corresponde a la Diputación.
Ley 7/1985
Corporaciones Locales
Órganos municipales, sesiones, actas y padrón
En el Ayuntamiento de Montefrío, de 11 concejales, cuatro concejales solicitan por escrito un pleno extraordinario para debatir la situación del contrato de limpieza. La solicitud entra en el registro el 2 de junio de 2026. La Alcaldía duda si está obligada a convocarlo, si puede incluir asuntos no pedidos y qué plazo debe respetar. Por otro lado, se plantea una sesión extraordinaria y urgente para aprobar una actuación de emergencia por desprendimientos en una vía pública.
Ley 7/1985
Corporaciones Locales
Empleo público local
El Ayuntamiento de Santa Olalla aprueba en 2026 una oferta de empleo público que incluye dos plazas de auxiliar administrativo, subgrupo C2, dotadas presupuestariamente. Las bases prevén oposición libre, publicación en el diario oficial correspondiente y un tribunal compuesto por funcionarios de carrera, una concejala delegada, un funcionario interino y un asesor eventual. Una aspirante consulta si la composición del tribunal respeta los principios de selección y si la oferta debe ejecutarse dentro de un plazo máximo.
RDL 5/2015 (TREBEP)
Corporaciones Locales
Contratación pública
El Ayuntamiento de Arroyo Seco necesita reparar de forma inmediata un tramo de acera junto al colegio público. El técnico municipal valora la obra en 18.500 euros, IVA excluido, y propone adjudicarla como contrato menor a Construcciones Loma SL, con ejecución en tres semanas. El expediente contiene memoria de necesidad, aprobación del gasto y factura prevista, pero un concejal advierte que el año anterior se contrató con la misma empresa otra reparación distinta por 17.000 euros. La Secretaría revisa si el expediente menor es posible, qué documentos requiere y cómo debe publicarse.
Ley 9/2017
Corporaciones Locales
Presupuestos, tributos y haciendas locales
El Ayuntamiento de Fuente Serena tramita el presupuesto general para 2027. El expediente incluye el presupuesto de la entidad, las bases de ejecución, anexos de personal e inversiones y el informe de Intervención. La Alcaldía remite el proyecto al Pleno el 10 de julio de 2026 para aprobación inicial. Tras la aprobación inicial, se expone al público durante quince días hábiles y una asociación vecinal presenta reclamación alegando que falta crédito para un servicio obligatorio. La Secretaría debe informar sobre contenido, tramitación, publicación, reclamaciones y recurso.
RDL 2/2004 (TRLRHL)
Corporaciones Locales
Procedimiento administrativo común
El Ayuntamiento de Olivares del Rio convoca ayudas municipales para material escolar. Entran 312 solicitudes, muchas de familias con hermanos escolarizados en el mismo centro y con documentación casi idéntica. El órgano instructor quiere acumular varios expedientes, ordenar la instrucción por bloques y dictar una resolución única con relación nominal de beneficiarios y excluidos. Dos solicitantes piden vista del expediente, otra familia presenta alegaciones antes del trámite de audiencia y una asociación reclama que se motive cada exclusión.
Ley 39/2015
Corporaciones Locales
Procedimiento administrativo común
La asociación cultural La Fuente solicita autorización para ocupar la plaza mayor durante un fin de semana con una feria solidaria. Tras recibir un requerimiento para aportar seguro de responsabilidad civil, la asociación presenta un escrito en el registro electrónico indicando que desiste de su solicitud porque no puede contratar la póliza a tiempo. La Alcaldía duda si basta con archivar el expediente, si debe dictarse resolución expresa y si el desistimiento afecta a otras solicitudes similares pendientes.
Ley 39/2015
Corporaciones Locales
Procedimiento administrativo común
En 2024 el Ayuntamiento de Pinar Viejo concedió una licencia para cerrar una terraza en un edificio protegido. En 2026, al tramitar una denuncia vecinal, el técnico informa de que la licencia se otorgó sin informe sectorial preceptivo y con contradicción frontal con la ficha de protección. La Alcaldía quiere declarar nula la licencia de oficio y suspender sus efectos mientras se revisa. La persona titular alega buena fe, confianza legítima y que han pasado más de dos años desde la concesión.
Ley 39/2015
Corporaciones Locales
Procedimiento administrativo común
El Ayuntamiento de Mar de Jara concedió a Ramón una autorización anual para un puesto de fruta en el mercadillo municipal. Tres meses después, la Alcaldía quiere dejar sin efecto la autorización porque se ha reorganizado la plaza por obras. Ramón no ha incumplido sus condiciones. En paralelo, existen otros dos puestos con autorizaciones precarias que sí incumplen horarios y ocupan más metros de los permitidos. La Secretaría debe distinguir revocación de actos desfavorables, revisión de actos favorables, audiencia y motivación.
Ley 39/2015
Corporaciones Locales
Procedimiento administrativo común
La Policía Local de Canto Nuevo denuncia a una cafetería por instalar altavoces en la terraza y superar el horario permitido. La Alcaldía inicia expediente sancionador leve. En el acuerdo de iniciación se identifica al instructor, los hechos, la posible infracción y la sanción. La titular niega los hechos, propone testigos y aporta fotografías. El instructor duda si debe abrir período de prueba, cómo rechazar pruebas innecesarias y qué debe contener la propuesta de resolución.
Ley 39/2015
Corporaciones Locales
Procedimiento administrativo común
El Ayuntamiento de La Encina aprueba una relación provisional de admitidos y excluidos en una convocatoria de autorizaciones para huertos urbanos. Hay 480 solicitudes y algunas personas no han indicado correctamente el domicilio ni el correo electrónico. Las bases dicen que los actos del procedimiento se publicarán en la sede electrónica y en el tablón municipal. La Secretaría revisa cuándo la publicación sustituye a la notificación, qué contenido debe tener y qué hacer si la publicación puede afectar a datos personales.
Ley 39/2015
Corporaciones Locales
Procedimiento administrativo común
El Ayuntamiento de San Telmo ordena a una propietaria retirar un vallado instalado sin autorización que ocupa parte de un camino público. La resolución es firme en vía administrativa y concede diez días para cumplir voluntariamente. Transcurrido el plazo, el vallado sigue colocado. El servicio jurídico estudia si puede ejecutar forzosamente la orden, qué medios usar, si debe apercibir previamente, cómo entrar en la finca y si procede imponer multas coercitivas o ejecución subsidiaria.
Ley 39/2015
Corporaciones Locales
Procedimiento administrativo común
La Alcaldía de Valle Norte dicta una resolución concediendo una bonificación en una tasa municipal. En el antecedente tercero figura correctamente que la cuota bonificada es de 120 euros, pero en la parte dispositiva aparece por error 1.200 euros. La Intervención detecta la discordancia al día siguiente. La persona interesada sostiene que el Ayuntamiento no puede cambiar la cifra sin revisar de oficio el acto. La Secretaría debe distinguir error material, anulabilidad, revocación y notificación de la rectificación.
Ley 39/2015
Corporaciones Locales
Régimen jurídico y administración electrónica
El Ayuntamiento de Sierra Clara quiere firmar un convenio con la Asociación Comarcal de Senderismo para señalizar rutas municipales y organizar actividades de educación ambiental. El texto prevé aportación municipal de 24.000 euros, obligaciones de ambas partes, comisión de seguimiento, vigencia de cuatro años y posible prórroga. La Intervención pide memoria justificativa, la Secretaría advierte que no debe usarse el convenio para encubrir un contrato de servicios y la asociación pregunta si el convenio crea por sí solo potestades públicas a su favor.
Ley 40/2015
Corporaciones Locales
Régimen jurídico y administración electrónica
La concejala de Urbanismo de Villa Serena tiene delegada por la Alcaldía la competencia para resolver licencias menores. Para agilizar el servicio, quiere que el jefe de servicio firme determinados requerimientos y certificados en su nombre. También plantea que, durante sus vacaciones, otra concejala resuelva expedientes urgentes. La Secretaría debe distinguir delegación de competencia, delegación de firma, suplencia, avocación y encomienda de gestión.
Ley 40/2015
Corporaciones Locales
Régimen jurídico y administración electrónica
El Ayuntamiento de Campoluz difunde en su sede electrónica el calendario de días inhábiles para 2026, pero olvida incorporar dos fiestas locales aprobadas por el Pleno. El 28 de julio de 2026, uno de los días declarados inhábiles por el calendario municipal, una empresa obligada a relacionarse electrónicamente presenta una solicitud a las 22:40. El sistema registra la entrada, pero calcula mal el vencimiento de un requerimiento de subsanación. La Secretaría debe decidir qué calendario se aplica al registro electrónico, qué responsabilidad tiene la sede y cómo computar el plazo.
Ley 39/2015 · Ley 40/2015
Corporaciones Locales
Régimen jurídico y administración electrónica
El Ayuntamiento de Riofranco implanta un servicio para emitir certificados de empadronamiento y de estar al corriente con la Hacienda municipal sin intervención directa de empleados públicos. El documento se genera con sello electrónico y código seguro de verificación. Una vecina impugna un certificado porque no identifica el órgano responsable, no explica qué sistema automatizado se usa y contiene un CSV que no puede comprobarse en la sede.
Ley 40/2015
Corporaciones Locales
Transparencia, protección de datos e igualdad
El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villaverde solicita al Padrón municipal datos de convivencia y domicilio para tramitar ayudas de emergencia. La solicitud afecta a 95 expedientes y se pretende evitar que las familias aporten certificados que ya obran en el Ayuntamiento. La Delegada de Protección de Datos pide que se concrete la base jurídica, los datos estrictamente necesarios, la información a las personas afectadas y la forma de intercambio electrónico entre unidades municipales.
Ley 39/2015 · Ley 40/2015 · Ley 7/1985 · LO 3/2018 (LOPDGDD)
Corporaciones Locales
Régimen jurídico y administración electrónica
El Pleno de Robledal debe debatir una modificación puntual que afecta a una parcela de una sociedad en la que participa el hermano de una concejala. Además, la Junta de Gobierno Local debe resolver una licencia urbanística solicitada por esa misma sociedad, y la concejala forma parte de la Junta. Un grupo municipal solicita su abstención y anuncia recusación si participa. La Secretaría debe informar sobre causas de abstención, deber de comunicarla, recusación y efectos de la intervención indebida.
Ley 40/2015