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Corporaciones Locales
Procedimiento administrativo común
Licencia de obra menor con subsanación y notificación infructuosa
El 3 de febrero de 2026, Laura Martín presenta en el registro electrónico del Ayuntamiento de Villafranca una solicitud de licencia de obra menor para sustituir ventanas y reparar el enfoscado de una vivienda. Aporta memoria técnica, justificante de pago de la tasa y un teléfono móvil, pero no acredita la representación de su hermano, titular catastral del inmueble. El órgano instructor detecta también que falta el presupuesto desglosado exigido por la ordenanza. El 6 de febrero se dicta requerimiento de subsanación por diez días. Laura había elegido notificación en papel. El cartero intenta notificar el 9 de febrero a las 10:00 y el 10 de febrero a las 16:30, sin que nadie se haga cargo. El Ayuntamiento plantea publicar anuncio en el BOE. El expediente no tiene plazo especial fijado por ordenanza.
Ley 39/2015
Corporaciones Locales
Procedimiento administrativo común
Recurso de reposición contra una liquidación municipal
El Ayuntamiento de San Nicasio notifica el 4 de marzo de 2026 a Javier Ruiz una liquidación tributaria municipal por ocupación de vía pública. La resolución indica que pone fin a la vía administrativa y que cabe recurso potestativo de reposición. Javier presenta recurso de reposición el 3 de abril de 2026 por registro electrónico, alegando error en la superficie liquidada. El mismo día solicita suspensión sin aportar garantía. El Ayuntamiento no resuelve el recurso durante el mes siguiente y Javier pregunta si puede presentar otro recurso de reposición o acudir al contencioso-administrativo.
Ley 39/2015
Corporaciones Locales
Procedimiento administrativo común
Certificado urbanístico solicitado por representante
Marta Gómez acude a la oficina de asistencia en materia de registros del Ayuntamiento de Puerto Claro para solicitar, en nombre de la mercantil Costa Azul SL, un certificado urbanístico sobre una parcela. Presenta una autorización privada escaneada, copia del DNI del administrador y una escritura que ya consta en el archivo municipal por una licencia anterior. El empleado público duda si puede exigir nuevamente todos los documentos y si la sociedad está obligada a relacionarse electrónicamente. Marta pide que se practiquen las notificaciones en una dirección postal.
Ley 39/2015
Corporaciones Locales
Régimen jurídico y administración electrónica
Sede electrónica municipal y actuación automatizada
El Ayuntamiento de Valdemonte aprueba la puesta en marcha de una nueva sede electrónica. Durante la primera semana, la sede muestra un calendario de días inhábiles sin actualizar y emite certificados de empadronamiento mediante actuación administrativa automatizada con código seguro de verificación. Un vecino presenta una queja porque no se identifica con claridad el órgano titular de la sede ni el órgano responsable de la actuación automatizada. La Secretaría municipal revisa si la sede, el portal de internet y los certificados cumplen la Ley 40/2015.
Ley 40/2015
Corporaciones Locales
Organización y régimen municipal
Ordenanza municipal reguladora de terrazas
El Ayuntamiento de Ribera Alta quiere aprobar una ordenanza reguladora de terrazas en suelo público. El borrador fija horarios, condiciones de ocupación, retirada de mobiliario y criterios de accesibilidad. La Alcaldía pretende aprobarla por decreto para que entre en vigor al día siguiente. Un grupo vecinal solicita información pública y varios hosteleros presentan reclamaciones durante el plazo de exposición. La Secretaría informa sobre la competencia del Pleno, la potestad reglamentaria local, la mayoría exigible y la publicación necesaria.
Ley 7/1985
Administrativo AGE
AGE - Organización de oficinas públicas y atención ciudadana
Asistencia electrónica y representación no acreditada
El 5 de febrero de 2026, la Delegación del Gobierno en Castilla y León, a través de la oficina de información y atención a la ciudadanía, inicia la tramitación de una solicitud de reconocimiento de un derecho administrativo. En el expediente intervienen Andrés Molina como persona interesada y una funcionaria habilitada por razón de sus funciones. La persona solicitante pide ayuda para identificarse y firmar electrónicamente, pero quien la acompaña pretende presentar el escrito en su nombre sin aportar poder ni autorización bastante. La solicitud omite un anexo esencial, remite a otro documento que ya obra en poder de la Administración y designa un correo ordinario como único medio de contacto. Un tercero acredita que la decisión puede afectar a sus derechos y solicita acceso al expediente. La hoja de tramitación incorpora la solicitud, la acreditación de quien comparece, el justificante de registro y las preferencias de comunicación. La oficina debe documentar la asistencia prestada, los defectos que requieran subsanación, el canal exigible y las incidencias de plazo; si después se practica una notificación o se pide acceso a información pública, deberá conservar sus evidencias, identificar al órgano competente y proteger los datos personales afectados.
Ley 39/2015 · Ley 40/2015 · Ley 19/2013 · LO 3/2018 (LOPDGDD)
Administrativo AGE
AGE - Registro, archivo y documentación administrativa
Remisión tardía a la Administración destinataria
El 8 de marzo de 2026, el Ministerio de Política Territorial, a través de la oficina de asistencia en materia de registros, inicia la tramitación de un recurso dirigido a un órgano distinto del registro receptor. En el expediente intervienen Clara Vega como persona interesada y un responsable de archivo por razón de sus funciones. La oficina practica asiento y entrega recibo dentro de plazo, pero la remisión electrónica al órgano competente se retrasa cinco días por un error de distribución. La persona recurrente aporta el justificante para evitar que se tome como fecha de presentación la de recepción en destino. El expediente debe conservar la fecha y hora originales, el órgano destinatario, la relación de anexos y la trazabilidad completa de la remisión. La carpeta electrónica debe conservar el asiento original, el recibo, la relación de anexos, las copias obtenidas y cada remisión al órgano destinatario. La oficina debe resolver las incidencias de representación, soporte, subsanación y cómputo sin alterar la trazabilidad; cualquier notificación, publicación o acceso posterior habrá de quedar vinculado al expediente, a la competencia ejercida y a los datos estrictamente necesarios.
Ley 39/2015 · Ley 40/2015 · Ley 19/2013 · LO 3/2018 (LOPDGDD)
Administrativo AGE
AGE - Administración electrónica, transparencia y protección de datos
Acceso a relaciones de puestos con datos identificativos
El 11 de abril de 2026, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la unidad de información de transparencia, inicia la tramitación de una solicitud de información sobre puestos y retribuciones. En el expediente intervienen Sergio Ramos como persona interesada y una jefa de servicio por razón de sus funciones. La petición reclama la relación nominal del personal, sus complementos, evaluaciones y ausencias durante el último año. Parte de la información ya está publicada de forma agregada, pero quien solicita exige documentos internos sin anonimizar. La unidad debe delimitar el objeto, identificar qué datos son públicos, ponderar la protección de las personas afectadas y conceder, en su caso, acceso parcial con una motivación verificable. La unidad forma un expediente de acceso con la solicitud registrada, la identificación de la información pedida, las unidades que la conservan, las posibles personas afectadas y las evidencias de notificación. Antes de resolver debe comprobar publicidad activa, admisión, plazo, límites, datos personales, audiencia y acceso parcial; las actuaciones de registro, representación y comunicación electrónica deben quedar documentadas con las mismas garantías que en cualquier otro procedimiento administrativo.
Ley 19/2013 · LO 3/2018 (LOPDGDD) · Ley 39/2015
Administrativo AGE
AGE - Procedimiento, actos, recursos y responsabilidad
Recurso mal calificado contra una resolución expresa
El 14 de mayo de 2026, la Delegación del Gobierno en Castilla y León, a través del servicio de recursos y procedimientos administrativos, inicia la tramitación de un escrito que impugna una resolución administrativa. En el expediente intervienen Inés Santos como persona interesada y un secretario del órgano competente por razón de sus funciones. La persona interesada denomina al escrito «recurso de revisión», aunque por su contenido combate una resolución reciente que no ha agotado la vía administrativa. Se presenta ante el órgano que dictó el acto, incorpora nuevas alegaciones y solicita la suspensión de sus efectos. La unidad debe atender a la verdadera naturaleza de la impugnación, comprobar plazo y competencia y tramitar separadamente la petición cautelar. El servicio incorpora el escrito inicial o de impugnación, la acreditación de la representación, las fechas de registro y notificación, el acto cuestionado y la petición cautelar, cuando existe. Debe fijar competencia, plazo máximo, eventuales suspensiones, audiencia y contenido de la resolución, y distinguir recurso, revisión de oficio, lesividad y responsabilidad patrimonial sin perder las garantías de presentación y subsanación.
Ley 39/2015 · Ley 40/2015
Administrativo AGE
AGE - Contratos, subvenciones y actividad administrativa
Licitación de asistencia técnica con criterios discutidos
El 17 de junio de 2026, la Dirección General de Servicios de un ministerio, a través del servicio de contratación, inicia la tramitación de un contrato de servicios para apoyar un proyecto ministerial. En el expediente intervienen Pablo Ortega como persona interesada y la secretaria de la mesa de contratación por razón de sus funciones. El pliego combina precio, calidad técnica y experiencia del equipo, pero uno de los criterios depende de una valoración no suficientemente descrita. Una licitadora pregunta por la solvencia exigida y otra advierte que parte del objeto podría cubrir necesidades permanentes de personal. El órgano debe justificar necesidad e idoneidad, fijar criterios verificables y preservar la igualdad antes de aprobar el expediente y publicar la convocatoria. El expediente contractual reúne memoria de necesidad, objeto, valor estimado, crédito, pliegos, fiscalización, ofertas y actuaciones de la mesa. Antes de aprobarlo, el servicio debe descartar fraccionamiento, justificar procedimiento y urgencia, definir criterios verificables y prever adjudicación, notificación, formalización, modificación y recepción; los escritos de las licitadoras se registrarán, tramitarán y someterán a audiencia cuando corresponda.
Ley 9/2017 · Ley 47/2003 · Ley 39/2015
Procedimiento Administrativo
Procedimiento - Ámbito, interesados y representación
Representación insuficiente y solicitud incompleta
El 5 de febrero de 2026, el servicio de atención y tramitación de un organismo público inicia la tramitación de una solicitud de reconocimiento de un derecho administrativo. En el expediente comparece Andrés Molina como persona interesada y un empleado expresamente autorizado afirma actuar en su nombre. El escrito se firma por cuenta de la persona solicitante, pero solo incorpora una autorización interna que no permite comprobar el alcance de la representación. La solicitud omite un documento esencial, cita otro que ya obra en poder del organismo y señala un correo ordinario como único canal. Una tercera persona acredita que la resolución puede afectar a su situación jurídica y pide acceso al expediente. Para decidir la admisión, el servicio de atención y tramitación reúne el escrito, la acreditación de la representación, las comparecencias de terceros y la relación de documentos ya disponibles en poder de la Administración. La diligencia de ordenación debe concretar quién actúa como persona interesada, el canal de relación que corresponda, la lengua procedimental aplicable, el acceso al expediente y la responsabilidad del órgano sobre cualquier actuación automatizada, sin anticipar el sentido de la resolución.
Ley 39/2015 · CE · Ley 40/2015
Procedimiento Administrativo
Procedimiento - Registro, documentos y archivo
Presentación en papel por una sociedad obligada
El 8 de marzo de 2026, la oficina de asistencia en materia de registros de una autoridad administrativa independiente inicia la tramitación de una solicitud empresarial presentada presencialmente. En el expediente comparece Clara Vega como persona interesada y una abogada afirma actuar en su nombre. La oficina digitaliza el escrito y sus anexos, entrega justificante y advierte que la solicitante está obligada a relacionarse electrónicamente. El asiento registra una fecha distinta de la que la sociedad considera válida y uno de los anexos contiene datos personales ajenos al objeto del procedimiento. La unidad debe ordenar la subsanación sin perder la trazabilidad de la presentación inicial. El expediente electrónico conserva el asiento de entrada, el recibo, la relación de anexos, la identificación del órgano destinatario y las evidencias de cada copia o digitalización. Antes de impulsar la solicitud, la oficina de asistencia en materia de registros debe resolver las incidencias de presentación, subsanación y remisión, separar la información auxiliar de los documentos que integran el expediente y limitar el tratamiento de datos a lo necesario para tramitarlo.
Ley 39/2015
Procedimiento Administrativo
Procedimiento - Términos, plazos y cómputo
Notificación practicada antes de un día inhábil
El 11 de abril de 2026, la unidad de seguimiento de plazos de una universidad pública inicia la tramitación de un trámite de audiencia sujeto a plazo de diez días. En el expediente comparece Sergio Ramos como persona interesada y un familiar autorizado afirma actuar en su nombre. La notificación se practica un viernes y el calendario aplicable declara inhábil el lunes siguiente. La persona interesada presenta sus alegaciones el día que considera último del plazo y la unidad propone rechazarlas por extemporáneas. Deben fijarse el día inicial, los días excluidos y el vencimiento antes de decidir si el escrito se incorporó en plazo. La unidad incorpora al expediente la notificación de inicio del cómputo, los calendarios aplicables, los recibos del registro electrónico y cualquier requerimiento que pueda suspender el plazo máximo. Antes de declarar extemporánea una actuación o acordar ampliación, urgencia o una ampliación del plazo para resolver, la unidad de seguimiento de plazos debe reconstruir por escrito el día inicial, los días inhábiles, las interrupciones y el vencimiento efectivo.
Ley 39/2015
Procedimiento Administrativo
Procedimiento - Actos, motivación, eficacia e invalidez
Resolución desfavorable sin motivación suficiente
El 14 de mayo de 2026, el servicio jurídico de tramitación de una entidad de derecho público inicia la tramitación de una propuesta de resolución que limita un interés legítimo. En el expediente comparece Inés Santos como persona interesada y una representante inscrita en el registro de apoderamientos afirma actuar en su nombre. La propuesta se limita a citar dos preceptos y a reproducir la conclusión de un informe sin explicar cómo se aplican a los hechos acreditados. La persona interesada había formulado alegaciones relevantes que no aparecen contestadas. Antes de firmar, deben revisarse la motivación, la congruencia y el contenido del pie de recursos. El borrador de resolución se somete a control previo de competencia, procedimiento, forma, motivación, congruencia y fecha de efectos. El servicio jurídico de tramitación debe distinguir los posibles supuestos de nulidad y anulabilidad, valorar si el defecto permite conversión, conservación o convalidación y comprobar que una eventual eficacia retroactiva no lesione derechos ni dependa de hechos inexistentes en la fecha a la que se pretenden retrotraer los efectos.
Ley 39/2015
Procedimiento Administrativo
Procedimiento - Notificaciones y publicación
Notificación sin pie de recursos
El 17 de junio de 2026, la unidad de notificaciones de un consorcio administrativo inicia la tramitación de una resolución electrónica comunicada de forma incompleta. En el expediente comparece Pablo Ortega como persona interesada y un profesional colegiado afirma actuar en su nombre. La puesta a disposición contiene el texto íntegro de la decisión, pero no identifica si pone fin a la vía administrativa, el recurso posible ni su plazo. La persona accede y presenta después un escrito basado en la información que obtuvo por teléfono. La unidad debe valorar la eficacia de la notificación y el momento desde el que puede surtir efectos. El expediente de comunicación contiene el texto del acto, su pie de recursos, el medio elegido u obligatorio, los avisos remitidos y las evidencias de acceso, rechazo o intentos practicados. La unidad de notificaciones debe decidir si la notificación puede producir efectos, si procede un nuevo intento, un anuncio en el BOE o una publicación sustitutiva y qué datos deben omitirse para no revelar información protegida.
Ley 39/2015