La campaña pública externalizada con contenido discriminatorio

El Ministerio de Derechos Sociales adjudica por 240.000 euros una campaña sobre servicios de autonomía personal. El pliego obliga a respetar igualdad y no discriminación, exige validación previa de cada pieza y califica ese deber como esencial; además prevé una penalidad proporcionada de 12.000 euros por difusión no autorizada de material contrario a esas condiciones. El segundo hito, de 80.000 euros, comprende vídeo, cuñas, carteles y versiones accesibles y solo se recibe cuando todo el conjunto es conforme. La agencia entrega un vídeo que presenta a todas las personas mayores como incapaces de decidir y dependientes de familiares jóvenes. Una técnica advierte por escrito que falta la revisión de igualdad, pero su jefa autoriza la difusión. El vídeo permanece treinta y seis horas en dos plataformas; las restantes piezas aún no se publican. Llegan catorce quejas y dos personas alegan un daño individual. La agencia factura el hito completo y ofrece sustituir en veinticuatro horas la secuencia afectada, conservando el resto. El Ministerio debe detener el daño y resolver por separado contrato, recepción, pago, quejas y responsabilidades.