La digitalización contractual con brecha de datos y pago parcial

Un ministerio formaliza por 480.000 euros un contrato para digitalizar 120.000 expedientes de prestaciones. El precio unitario es de cuatro euros por expediente aceptado. El pliego exige índice, metadatos y control de calidad, identifica a la directora técnica como personal esencial y somete su sustitución a autorización previa con cualificación equivalente. La empresa actúa como encargada del tratamiento y solo puede recurrir a otro encargado con autorización previa y escrita. Sin comunicarlo, sustituye a la directora y entrega parte del escaneado a una subcontratista. En el primer hito presenta 60.000 expedientes y factura 240.000 euros; 52.000 superan el control y 8.000 carecen de índice o metadatos. Existe crédito comprometido, pero la obligación todavía no se ha reconocido. Durante la revisión, una carpeta pública expone durante tres horas 400 expedientes con datos de salud. Los registros acreditan 19 descargas externas. El ministerio bloquea el enlace, conserva las evidencias y confirma que el incidente supone alto riesgo para las personas afectadas. El contrato prevé corrección de defectos, una penalidad proporcionada por incumplimiento del personal esencial y las obligaciones de seguridad, y devolución o supresión de los datos al terminar el servicio.