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Administrativo AGE
AGE - Gestión de personal
La Delegación del Gobierno en Aragón necesita cubrir desde el 1 de octubre de 2026 un puesto vacante y dotado de la RPT, adscrito exclusivamente al subgrupo C1. Un informe identifica una acumulación extraordinaria de expedientes y cifra el perjuicio de dejarlo desatendido. Tras anunciar durante cinco días una comisión voluntaria en la intranet accesible al personal elegible y avisar por correo a los servicios periféricos, concurren Alicia, funcionaria C1 de otro ministerio en Aragón, y Bruno, funcionario C2 de la propia Delegación. Alicia acredita todos los requisitos; Bruno aporta experiencia, pero no pertenece al subgrupo admitido. El departamento de origen de Alicia informa favorablemente. La unidad propone que el Delegado la designe hasta que se cubra el puesto y pregunta si, al año, podría prorrogar la comisión durante dos años más sin convocar la cobertura definitiva.
RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 364/1995 · Ley 39/2015
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AGE - Gestión de personal
Elena, funcionaria de carrera de la Agencia Estatal de Meteorología, solicita el 15 de septiembre de 2026 una excedencia voluntaria por interés particular con efectos de 1 de noviembre. Prestó servicios efectivos en una comunidad autónoma desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2024. No tuvo relación de servicio durante abril de 2024 y se incorporó a AEMET el 1 de mayo siguiente, donde continúa. La suma supera cinco años, pero existe esa interrupción reciente. No se le instruye expediente disciplinario. Su unidad acredita una plantilla muy ajustada, aunque aún no concreta qué turnos quedarían descubiertos. AEMET prevé que, si pudiera concedérsela el 1 de mayo de 2029, cubriría definitivamente su puesto y, al concluir la permanencia mínima, solo dispondría de otra vacante compatible. Recursos Humanos debe decidir sin confundir los servicios de otra Administración con una cadena continuada.
RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 365/1995 · Real Decreto 364/1995 · Ley 39/2015
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AGE - Gestión de personal
Carmen, funcionaria de carrera de la Dirección Provincial del SEPE, solicitó el 15 de enero de 2025 excedencia desde el 1 de febrero para cuidar a su madre, que estaba a su cargo. Aportó el libro de familia y un informe médico-social: la madre, de 79 años, necesitaba ayuda continuada y no podía valerse por sí misma. Percibía pensión de viudedad, pero no trabajaba ni realizaba actividad retribuida. Carmen ocupaba definitivamente el puesto DP-317. Dieciocho meses después, una reorganización mantuvo su código, nivel, funciones y localidad, aunque lo redenominó «Gestión de prestaciones II». Carmen quiso seguir un curso oficial durante la excedencia y anunció su reingreso para el 1 de septiembre de 2026, antes de cumplir dos años. La unidad debía proteger el cuidado sin confundir una simple redenominación con la desaparición del puesto reservado.
RDL 5/2015 (TREBEP) · Ley 39/2015
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Marta, funcionaria de carrera del Ministerio de Asuntos Exteriores con grado personal 24, ocupaba definitivamente por concurso un puesto nivel 26 en Madrid. Un real decreto publicado la nombró Directora General el 1 de agosto de 2024 y fue declarada en servicios especiales desde esa fecha. Percibió las retribuciones del alto cargo y permaneció dos años en él. El cese, también publicado, produjo efectos el 15 de agosto de 2026. Marta no solicitó el reingreso hasta el 25 de septiembre, más de un mes después, aunque pretendía volver al mismo puesto. La unidad conserva las resoluciones y publicaciones, pero todavía no comunicó el cese al Registro Central de Personal. Debe reconstruir carrera, retribuciones y situación intermedia sin tratar la anotación registral como constitutiva.
RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 365/1995 · Real Decreto 364/1995 · Resolución de 15 de febrero de 1996 · Real Decreto 2073/1999 · Ley 3/2015 · Ley 39/2015
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La Subsecretaría de un ministerio incoó expediente disciplinario a Diego, funcionario de la Inspección General de Servicios, y acordó motivadamente su suspensión provisional desde el 1 de enero de 2026 para proteger documentos y testigos. Del 1 de abril al 31 de mayo el expediente quedó paralizado por vacante del instructor, sin actuación obstructiva de Diego. La Administración mantuvo la suspensión hasta resolver el 31 de agosto y retuvo todas sus retribuciones durante esos ocho meses. La resolución final impuso suspensión firme de tres meses y no apreció hechos nuevos. La unidad debe decidir qué tiempo queda absorbido por la sanción, qué periodo excede la medida cautelar, qué haberes y servicios se regularizan, si Diego conserva su puesto y cómo evitar que la demora administrativa opere como castigo añadido.
RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 365/1995 · Real Decreto 33/1986 · Ley 39/2015
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Laura, funcionaria de carrera destinada en un ministerio, comprueba al preparar un concurso cuyo plazo termina en seis días que el Registro Central de Personal sitúa su toma de posesión inicial el 21 de mayo de 2018. La diligencia original y la copia auténtica del título, custodiadas por su anterior organismo, acreditan el 7 de mayo, pero su comunicación formal llegó incompleta. El error migró también a la aplicación del concurso y al sistema de personal, donde quedaron dos identificadores solapados del mismo periodo. Laura solicita rectificación, aporta copia y pide una certificación útil mientras se contrasta el original. Su unidad duda si debe tramitar un recurso o corregir el asiento. La diferencia puede afectar al siguiente trienio, aunque todavía no existe resolución económica.
RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 2073/1999 · Ley 39/2015 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · LO 3/2018 (LOPDGDD)
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Un ministerio decide trasladar de Madrid a Toledo una unidad de seis puestos no singularizados, cubiertos definitivamente, conservando sus funciones. La RPT aún sitúa los puestos en Madrid. Una nota denomina la medida «redistribución territorial» y ordena incorporarse en veinte días, sin identificar instrumento jurídico ni calcular indemnizaciones. Tres funcionarios aceptarían voluntariamente; Marta, que cuida a su madre dependiente en Madrid, pide permanecer y señala dos vacantes equivalentes en la sede actual. La memoria invoca ahorro y mejor atención territorial, pero no compara alternativas ni contiene criterios objetivos. Propone trasladar primero a Marta porque ya cuestionó otro cambio y reducirle el complemento. Tampoco existe un plan formalizado. La decisión definitiva correspondería al ministro. Personal debe distinguir los cauces de movilidad, determinar consentimiento y garantías, y evitar una sanción encubierta.
CE · RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 364/1995 · Real Decreto 462/2002 · Ley 39/2015 · Ley 40/2015 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)
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Clara, funcionaria de una unidad de prestaciones, utilizó sus credenciales para consultar en cinco ocasiones expedientes de dos personas conocidas que no estaban asignados a su trabajo. Uno contenía datos de salud. Los registros técnicos identifican fechas, pantallas y usuario; no consta modificación, descarga ni comunicación a terceros, y Clara niega haber difundido la información. Una alerta automática llegó al responsable de seguridad y al delegado de protección de datos. La jefatura propone borrar los registros tras imprimirlos, calificar inmediatamente los hechos como falta muy grave y comunicar a todas las personas de la unidad los diagnósticos consultados. Deben preservarse pruebas, contener accesos, evaluar la brecha, decidir notificaciones y depurar en expedientes separados la eventual responsabilidad disciplinaria y la de protección de datos, sin prejuzgar culpabilidad ni duplicar sanciones.
RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 33/1986 · Ley 40/2015 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · LO 3/2018 (LOPDGDD)
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Una unidad estatal 24/7 de Protección Civil trabaja por turnos y su calendario exige tres personas por franja. El martes coinciden dos solicitudes. Carmen aporta citación judicial obligatoria como testigo a las 10:30 y pide ausentarse el tiempo indispensable. Luis solicita retrasar dos horas su entrada para acompañar a una revisión a su padre, que convive con él y no puede valerse por sí mismo a causa de una enfermedad acreditada. En ese turno hay cuatro personas; si ambos faltan simultáneamente quedarían dos. Marta, del turno posterior, acepta adelantar su entrada sin dejar esa franja bajo mínimos y el cambio respeta jornada y descansos; Luis puede completar después su jornada. La instrucción interna atribuye a la jefatura de personal resolver permisos y a la responsable de unidad proponer cambios. Deben protegerse los datos familiares y motivarse los límites conforme a la Resolución de 14 de abril de 2026.
RDL 5/2015 (TREBEP) · Resolución SEFP de 14 de abril de 2026 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · Ley 39/2015 · Ley 40/2015
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Javier, funcionario de una dirección general que informa expedientes de subvenciones tecnológicas, comenzó el 1 de agosto a prestar asesoramiento privado remunerado, fuera de su horario, a una consultora. Dos clientes de esta operan en el mismo sector y uno tiene una solicitud sometida a informe de la unidad, aunque Javier todavía no la ha firmado. Presentó la solicitud de compatibilidad el 15 de septiembre y pretende que la futura resolución convalide lo ya realizado. Su puesto percibe un complemento específico equivalente al 24 % de su retribución básica, sin factor expreso de incompatibilidad. Javier accede a previsiones internas de convocatorias no publicadas y afirma que nunca las comunicó. La jefatura duda si basta apartarlo del expediente del cliente o si debe cesar cautelarmente la actividad privada, proteger la información y remitir separadamente los hechos al órgano disciplinario.
Ley 53/1984 · Real Decreto 598/1985 · RDL 5/2015 (TREBEP) · Ley 40/2015 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · Orden TDF/469/2024
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Lucía, funcionaria C1 del Instituto Nacional de Administración Pública, trabaja de lunes a viernes de 8:00 a 15:00. Una universidad pública le ofrece un contrato semestral como profesora asociada, con seis horas semanales: las clases ordinarias serán los martes y jueves de 16:30 a 19:30, pero dos seminarios obligatorios figuran de 13:00 a 15:00. La asignatura versa sobre gestión pública y aprovecha su experiencia profesional; la universidad abonará 3.200 euros y la suma anual de ambas retribuciones queda dentro de los dos límites legales. Lucía solicitó autorización antes de firmar y no ha empezado a enseñar. El rector informa favorablemente si se trasladan los dos seminarios. Lucía pregunta además si podría usar su portátil y aulas del INAP y presentar el curso mencionando su puesto público.
Ley 53/1984 · Real Decreto 598/1985 · Orden TDF/469/2024 · RDL 5/2015 (TREBEP)
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El 30 de septiembre de 2024, Nuria, funcionaria C1 de una agencia estatal destinada, a efectos de gestión disciplinaria, en el ministerio de adscripción, desobedeció sin justificación una orden escrita y lícita de remitir cuarenta expedientes a otra unidad; la retención produjo una grave alteración del servicio ese mismo día. La Inspección conoció los hechos el 10 de junio de 2026 y practicó información reservada entre el 15 de junio y el 20 de septiembre, sin notificar actuación alguna a Nuria. La Subsecretaría de ese ministerio acordó incoar expediente el 25 de septiembre y se lo notificó el 28 de septiembre de 2026, nombrando instructor C1 sin intervención previa. Se maneja inicialmente la falta grave de desobediencia. Los registros de tramitación conservan la orden, su recepción, el bloqueo y las fechas de las diligencias.
RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 33/1986 · Ley 40/2015 · Ley 39/2015
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Sonia, funcionaria C1 del archivo central de un ministerio, dispone de acceso privilegiado físico y digital. El 1 de septiembre de 2026 una alerta de integridad mostró catorce metadatos alterados y una orden de purga irreversible preparada desde su cuenta; existía copia de recuperación, pero continuaba el riesgo sobre originales. Ese día la Subsecretaría incoó expediente y motivó la suspensión provisional de funciones y accesos, preservó los registros en modo de solo lectura y precintó el soporte. El 10 de septiembre apareció un hecho distinto: el 29 de agosto Sonia había enviado una clave de recuperación a una cuenta particular, extremo ausente del primer pliego. La suspensión lleva cuarenta y cinco días. Se propone por la falta grave investigada la suspensión firme máxima de tres años. El instructor mantiene enemistad manifiesta, documentada, con Sonia.
RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 33/1986 · Ley 39/2015 · Ley 40/2015
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La Delegación del Gobierno en Andalucía proyecta implantar el 1 de octubre de 2026 un turno fijo de tarde en cuatro unidades de atención, que afecta a cuarenta y dos personas, funcionarias y laborales. El calendario vigente no contempla ese turno. La Secretaría General invoca una acumulación urgente de expedientes y remitió el proyecto a la Mesa Delegada departamental el 15 de septiembre para reunirse el día 24. Sin embargo, una instrucción comunicada el día 12 ordenaba empezar ya el 16, presentando la medida como mera potestad organizativa. La representación sindical pide retirar esa eficacia anticipada, comparar alternativas, incorporar medidas de conciliación y dejar constancia de sus propuestas. No existe pacto previo que regule el nuevo turno ni una alteración sustancial de las circunstancias económicas. La persona titular de la Delegación debe aprobar el calendario de los servicios integrados y la unidad pretende mantener la atención continuada sin quebrar la negociación exigible.
RDL 5/2015 (TREBEP) · RDL 2/2015 (Estatuto de los Trabajadores) · Resolución SEFP de 14 de abril de 2026 · Resolución SEFP de 19 de mayo de 2026 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)
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Tomás prestó servicios continuados en un cuerpo C2 desde el 18 de mayo de 2017 y tenía dos trienios C2 perfeccionados. Tras promoción interna, cesó en C2 el 5 de abril y tomó posesión en un cuerpo C1 del mismo ministerio el 6 de abril de 2026. La comunicación llegó a Habilitación el día 24, cuando abril ya se había pagado íntegramente como C2 y quedaba pendiente liquidar la parte proporcional de la paga extraordinaria devengada al cese. El tercer trienio se perfeccionó el 17 de mayo, ya perteneciendo Tomás al cuerpo C1; la anotación se remitió el día 20, después del cierre técnico de mayo. Para 2026, el trienio ordinario vale 32,96 euros en C1 y 22,44 en C2; en cada paga extraordinaria, 28,45 y 22,20 euros, respectivamente. La paga de junio está próxima. Además, el 8 de junio se certifican 180 euros de productividad por el primer trimestre. El RCP ya refleja la promoción, pero debe conciliarse con nómina, regularizar atrasos y evitar duplicar conceptos.
RDL 5/2015 (TREBEP) · Ley 30/1984 · Real Decreto-ley 14/2025 · Ley 33/1987 · Real Decreto 1461/1982 · Resolución de 2 de enero de 1997 · Ley 31/2022 · Real Decreto 2073/1999 · Real Decreto 439/2007
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AGE - Gestión de personal
Elena, funcionaria de carrera C1 destinada en un Servicio Provincial de MUFACE y mutualista obligatoria, inicia el 3 de febrero de 2026 una incapacidad temporal por enfermedad común. El facultativo de su entidad sanitaria expide ese día el parte inicial; Elena avisa de inmediato a su unidad y entrega los ejemplares el 5 de febrero. Los sucesivos partes de confirmación se emiten cada quince días y la licencia alcanza el cuarto mes. Nómina mantuvo el cien por cien de las retribuciones ordinarias durante los tres primeros meses. En el tercer mes constan 1.200 euros de retribuciones básicas ordinarias, 200 euros como sexto de paga extraordinaria computable, 800 euros de complementarias y 2.000 euros de percepciones íntegras; desde el cuarto mes, el órgano mantiene 1.200 euros de básicas y debe coordinar el subsidio MUFACE sin superar aquel total. El 13 de julio el facultativo expide el alta; Elena se reincorpora el 14, pero no presenta el parte hasta el 16. La nómina había proyectado subsidio hasta fin de julio. La coordinación pide el informe clínico íntegro para archivarlo con el expediente de personal, aunque los partes contienen la información reglamentaria y el sistema permite transmitir a MUFACE los datos esenciales.
Real Decreto Legislativo 4/2000 · Real Decreto 375/2003 · Real Decreto 466/2026 · Orden PRE/1744/2010 · Real Decreto 956/2018 · Resolución SEFP de 14 de abril de 2026 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · RDL 5/2015 (TREBEP)
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AGE - Gestión de personal
Lucía, funcionaria de carrera C1 desde el 1 de octubre de 2008 e incluida desde entonces en Clases Pasivas, cumple sesenta años el 30 de noviembre de 2026 y solicita jubilarse voluntariamente el 31 de diciembre. Su informe de vida laboral acredita cotizaciones al Régimen General desde el 1 de enero de 1996 hasta el 31 de octubre de 2008, de modo que octubre de 2008 coincide con Clases Pasivas. Entre 1996 y 2000 trabajó como laboral en un ayuntamiento, pero el certificado municipal aportado omite el día final y la naturaleza del vínculo. Lucía pide simultáneamente reconocimiento de aquellos servicios previos para trienios y cómputo recíproco para la pensión. Los últimos cinco años anteriores a la jubilación están cubiertos íntegramente en Clases Pasivas. La unidad de personal debe depurar el historial antes de remitir la documentación al órgano gestor.
Real Decreto Legislativo 670/1987 · Ley General de la Seguridad Social · Real Decreto-ley 13/2010 · Real Decreto 691/1991 · Ley 70/1978 · Real Decreto 1461/1982 · Ley 39/2015
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AGE - Gestión de personal
Un organismo autónomo estatal convoca por oposición una plaza de personal laboral fijo: la vacante está incluida en la oferta y el puesto figura clasificado en la RPT y en la convocatoria como grupo E2, especialidad de gestión administrativa. Las bases describen tramitación, registro, comprobación de datos e informes normalizados, y exigen Bachiller o Técnico; también fijan que el empate se resuelve por mayor nota de la prueba práctica. Una memoria interna añade dos tareas ocasionales de diseño de procesos que la unidad asocia a M1. Daniela, laboral temporal que ya desempeña exactamente las funciones convocadas y posee título de Técnico, participa sin reserva de plazas. Marta obtiene la mayor puntuación total; Daniela queda segunda. Antes de elevar la relación, el órgano de selección propone convertir la plaza en M1 y elegir a Daniela por su experiencia previa. La autoridad convocante pide una solución que respete clasificación, convocatoria y acceso igual.
RDL 5/2015 (TREBEP) · RDL 2/2015 (Estatuto de los Trabajadores) · IV Convenio único AGE · Real Decreto 2073/1999
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AGE - Gestión de personal
Miguel es personal laboral fijo E1 de un centro estatal de publicaciones y posee el título de Técnico exigido para un puesto E2 vacante. Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 2026, el director del centro le ordena verbalmente asumir todas las funciones del puesto superior por una acumulación extraordinaria de ediciones. No existe acuerdo de la Subsecretaría u órgano de personal competente que concrete la causa y la duración, ni comunicación a la representación laboral o a la Subcomisión Paritaria. Miguel recibe formación mínima, realiza satisfactoriamente las tareas y conserva en nómina el salario E1. La vacante es estructural y seguirá necesaria después del 30 de noviembre, fecha en que se cumplirían ocho meses. Al completar seis meses, Miguel reclama diferencias salariales, ascenso automático y consolidación del grupo E2. Personal debe regularizar la situación y decidir cómo cubrir la vacante.
RDL 2/2015 (Estatuto de los Trabajadores) · IV Convenio único AGE · Ley 31/1995
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AGE - Gestión de personal
Elena es laboral fija de un servicio común ministerial, incluida en el Régimen General. Tiene autorizado teletrabajar los lunes en su domicilio, identificado íntegramente como lugar remoto, de 8:00 a 15:00. El acuerdo organizativo computa como trabajo efectivo una pausa de 10:30 a 10:45. A las 10:34, con el registro horario activo, Elena cae en el pasillo cuando va desde el despacho doméstico a la cocina a por agua y sufre una fractura con baja médica ese día. Comunica el hecho a su jefatura tres días después; el departamento remite el parte siete días hábiles después de la baja. La mutua lo califica inicialmente como común por ocurrir en casa. Prevención propone exigir fotografías de toda la vivienda y acceso presencial sin límites. Elena solicita determinar la contingencia y aporta registro horario, autorización y parte médico.
CE · Ley General de la Seguridad Social · RDL 5/2015 (TREBEP) · Ley 31/1995 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · Real Decreto 1430/2009 · Orden TAS/2926/2002 · Real Decreto 67/2010
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AGE - Gestión financiera, presupuestaria, pagos y nóminas
El 25 de junio de 2026, la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Administración Digital recibe la propuesta de un nuevo programa para los PGE de 2027. Intervienen dos centros gestores: la Dirección General de Servicios Digitales y la Subdirección General de Atención Territorial. El objetivo se formula como «mejorar la atención ciudadana» y el único indicador es «número de trámites», sin línea base, meta, fórmula, fuente, periodicidad ni responsable. La cifra solicitada es 6,4 millones de euros, pero las fichas de ambos centros suman 7,2 millones porque una actividad cofinanciada por la Unión Europea, valorada en 0,8 millones, figura entera en las dos. La memoria describe actividades, pero no las enlaza con créditos ni distingue adecuadamente gasto corriente e inversión. Tampoco incluye las previsiones de los grandes epígrafes de gasto para 2028 y 2029. La jefa de la Oficina debe depurar la propuesta y canalizarla conforme a la Orden HAC/557/2026.
Ley 47/2003 · Orden HAC/557/2026 · Resolución DGP de 8 de junio de 2026
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AGE - Gestión financiera, presupuestaria, pagos y nóminas
La Secretaría General de una agencia estatal necesita contratar por 60.000 euros una auditoría técnica de ciberseguridad y accesibilidad. La prestación es urgente por un compromiso interno de mejora, pero no responde a catástrofe, grave peligro ni necesidad de defensa nacional. El presupuesto de gastos de la agencia es limitativo por su importe global y su distribución en categorías económicas es estimativa; el gasto no es de personal, subvención nominativa ni atención protocolaria o representativa. En el detalle económico, la aplicación 227.06 «estudios y trabajos técnicos» figura sin saldo, la 227.99 refleja 18.000 euros no comprometidos y la 352 «intereses de demora» refleja 85.000 euros íntegramente reservados para obligaciones financieras ya verificadas. Después de contabilizar todos los compromisos y reservas, solo quedan 18.000 euros disponibles dentro del importe global autorizado. Además, la agencia ha cobrado efectivamente 42.000 euros por actividades prestadas a otras entidades al amparo del artículo 108 quinquies.1.b) de la Ley 40/2015; esos ingresos propios no estaban previstos inicialmente y su efectividad está plenamente acreditada. El Director todavía no ha autorizado la correspondiente variación presupuestaria ni ha dado cuenta a la Comisión de Control. Un técnico propone imputar la auditoría a la 352; otro pretende aprobar el gasto y regularizarlo después. La Intervención Delegada recuerda que la operación debe clasificarse, financiarse y documentarse antes de comprometerla.
Ley 40/2015 · Ley 47/2003 · Ley 9/2017 · Resolución DGP de 20 de enero de 2014
Administrativo AGE
AGE - Gestión financiera, presupuestaria, pagos y nóminas
La Dirección General de Servicios prepara un contrato de mantenimiento que se ejecutará desde el 2 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2030, con una posible prórroga de un año. La base imponible, sin IVA, será de 360.000 euros el primer año contractual, 400.000 el segundo, 440.000 el tercero y 480.000 el cuarto; la prórroga completa se estima en 500.000 euros. El servicio está sujeto y no exento al tipo general del 21 % de IVA y se presta uniformemente cada mes. En 2026 existen 650.000 euros de crédito inicial en el nivel vinculante aplicable y al menos 108.900 euros disponibles. El órgano promotor ha consignado por error cada base imponible anual íntegra en 2026, 2027, 2028 y 2029, sin prorratear el comienzo de octubre ni añadir el IVA al gasto presupuestario. Tampoco ha calculado los límites del artículo 47 LGP ni ha incluido la prórroga en el valor estimado. La necesidad cubre los cuatro años; reducir prestaciones alteraría el objeto. Debe cerrarse una tabla de cobertura antes de aprobar el expediente.
Ley 47/2003 · Ley 9/2017 · Ley 37/1992
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AGE - Gestión financiera, presupuestaria, pagos y nóminas
El 18 de septiembre de 2026, una dirección general del Ministerio de Sanidad acredita que debe adquirir antes de diciembre reservas adicionales de un producto sanitario por 1.100.000 euros. La necesidad, sobrevenida, concreta, no discrecional e inaplazable, corresponde al mismo concepto corriente que ya figura en el presupuesto. Su aplicación tenía 900.000 euros: 600.000 están comprometidos y quedan 300.000 disponibles. No es un crédito ampliable y las restantes figuras ordinarias no permiten cubrir la insuficiencia. La unidad gestora denomina a su propuesta «crédito extraordinario de 1.100.000 euros» y pretende financiarla trasladando 800.000 euros desde una aplicación de inversiones reales de la misma sección. Esa aplicación de capital tiene 1.000.000 euros, pero 900.000 ya están comprometidos. La Dirección General de Presupuestos informa de que el Fondo de Contingencia puede cubrir 800.000 euros. El gasto corresponde al ejercicio corriente. La memoria describe la urgencia, pero todavía no cuantifica la diferencia entre necesidad y crédito disponible ni analiza el efecto en ejercicios futuros. Tampoco constan los informes de la Oficina Presupuestaria ni de la Intervención Delegada.
Ley 47/2003 · Ley 31/2022 · Orden HFP/147/2022 · Orden de operatoria contable de 1 de febrero de 1996