Autorización no exceptuada y certificado de silencio positivo

El 4 de febrero de 2026 entró en el registro electrónico del ministerio competente la solicitud de Elena Prado para obtener una autorización profesional estatal. La regulación sectorial fija tres meses para resolver y notificar, no atribuye efecto desestimatorio a la falta de respuesta y ninguna ley ni norma europea o internacional establece una excepción. La autorización tampoco afecta al dominio o servicio públicos ni ampara una actividad ambientalmente dañina. No hubo suspensión ni paralización imputable a Elena. Vencido el plazo sin notificación, ella pidió el certificado acreditativo el 6 de mayo. La unidad gestora sostiene que no podrá ejercer hasta recibir el certificado y una posterior «confirmación» expresa del director general competente para resolver.