Caducidad sancionadora y nueva incoación antes de prescribir

La consejería autonómica incoó y notificó a Conservas Miralba, S. L. un procedimiento por una infracción grave de calidad alimentaria. La Ley 28/2015 resulta aplicable y fija un año para resolver y notificar. Una paralización imputable a la empresa interrumpió válidamente el cómputo durante veinte días; conforme al calendario aplicable, el plazo vencía el 23 de febrero de 2026. Aunque la propuesta sancionadora se formuló el 10 de febrero, ninguna resolución fue notificada antes del vencimiento. El 5 de marzo se declaró la caducidad y el archivo. La infracción, consumada el 10 de enero de 2025, prescribe a los cuatro años. El 20 de marzo de 2026 se plantea una nueva incoación, incorporando la toma de muestras y los análisis del primer expediente, pero también sus alegaciones, prueba y audiencia.