Caducidad imputada por un trámite no indispensable

Clara solicita a un organismo público estatal su inscripción voluntaria en un registro de entidades colaboradoras. Aporta la resolución autonómica que acredita la antigüedad exigida e identifica el órgano emisor. El organismo puede consultar electrónicamente el certificado correspondiente; Clara no se opone y ninguna ley especial exige consentimiento expreso. Una nota instructora confirma que ese certificado duplica datos ya acreditados y no es indispensable para resolver. Pese a ello, la unidad exige el original en papel, advierte que la falta de aportación paralizará el expediente y que, transcurridos tres meses, declarará su caducidad. Clara no contesta. Cumplidos los tres meses, la unidad acuerda el archivo exclusivamente por esa inactividad. No concurren terceros ni una cuestión de interés general que requiera continuar el procedimiento.