La Administración no solo dicta actos: también puede, en determinados casos, anular los suyos propios sin esperar a que nadie los recurra. Esa potestad no es libre ni discrecional — depende por completo de si el acto es nulo de pleno derecho o solo anulable, la distinción que ya vimos en nulidad de pleno derecho y anulabilidad.
Si el acto es nulo: revisión sin plazo, pero no sin control
El artículo 106.1 de la Ley 39/2015 permite a la Administración revisar en cualquier momento, de oficio o a solicitud de interesado, los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, siempre que incurran en alguna de las causas tasadas de nulidad del artículo 47.1. La ausencia de plazo no significa ausencia de garantías: la propia norma exige el dictamen favorable del órgano consultivo competente antes de declarar la nulidad, un requisito que no es facultativo en este procedimiento.
Si el acto es anulable: declaración de lesividad, no revisión directa
Cuando el acto favorable para la persona interesada es anulable, la Administración no puede anularlo por sí misma: el artículo 107 la obliga a declararlo lesivo para el interés público y a impugnarlo después ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Esa declaración de lesividad tiene un límite temporal que el propio artículo 107 fija en cuatro años desde que se dictó el acto administrativo — pasado ese plazo, la vía de la lesividad ya no está disponible, por muy anulable que siga siendo el acto.
Revocación y rectificación: dos figuras más limitadas
Distinta de la revisión de oficio es la revocación: el artículo 109.1 permite a la Administración revocar sus actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya prescrito la acción, siempre que la revocación no constituya una dispensa no permitida por las leyes ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Aparte queda la simple rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, que el artículo 109.2 permite corregir en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados — sin que eso equivalga a revisar el fondo del acto.
Los límites que no hay que olvidar
El artículo 110 recuerda que ninguna de estas potestades revisoras es absoluta: no pueden ejercerse cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido u otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Es el matiz que un supuesto bien construido suele esconder al final del caso, cuando parece que ya está todo resuelto.
Después de revisar: ejecutar lo decidido
Una vez que el acto queda anulado o confirmado, si de ahí resulta una obligación pendiente de cumplimiento, entra en juego la ejecución forzosa de los artículos 97 a 105 de la misma ley — apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o compulsión sobre las personas, según el caso, siempre con acto previo, notificación y, salvo excepción legal, apercibimiento.
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