Antes de resolver cualquier expediente municipal hay una pregunta previa que un supuesto práctico plantea con frecuencia: ¿tenía competencia el órgano que lo firmó? La Ley 39/2015 obliga a resolver de forma expresa (artículo 21.1), pero resolver bien exige, primero, que resuelva quien puede hacerlo — y en un ayuntamiento eso significa entender cómo funciona la delegación de competencias.
La regla general sobre delegar
El artículo 9 de la Ley 40/2015 permite que los órganos de las distintas Administraciones deleguen el ejercicio de competencias en otros órganos, aunque no sean jerárquicamente dependientes. La delegación afecta al ejercicio, no a la titularidad: el órgano delegante conserva la competencia y puede revocar la delegación cuando lo considere oportuno. Si el órgano delegado se excede del ámbito material que le fue delegado, existe un vicio de incompetencia respecto de ese asunto concreto — no una simple irregularidad de forma.
Qué puede delegar la Alcaldía
El artículo 21.3 de la LBRL permite a la Alcaldía delegar sus atribuciones en la Junta de Gobierno Local, en sus miembros, en los tenientes de alcalde o en otros concejales, salvo las que la propia ley declara indelegables — entre ellas, dirigir el gobierno y la administración municipal, que es precisamente la atribución nuclear del artículo 21.1.a. Una resolución de licencia de obra menor, por ejemplo, puede delegarse en un concejal si no concurre una prohibición específica; dirigir la administración municipal en su conjunto, no.
El Pleno también puede delegar en la Junta de Gobierno Local
El artículo 22.4 de la LBRL permite al Pleno delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de determinadas atribuciones. La delegación debe ejercerse en los términos exactos del acuerdo que la concede: la Junta no puede subdelegar libremente sin habilitación expresa, y el Pleno, como órgano delegante, conserva la facultad de revocarla en cualquier momento.
Por qué esto decide el caso, no solo el trámite
Un expediente resuelto por un órgano incompetente no es un simple defecto de forma subsanable — puede afectar a la propia validez del acto. Por eso el supuesto práctico que plantea quién firma una resolución no está preguntando un dato administrativo menor: está comprobando si sabes reconstruir la cadena de competencia, desde el órgano titular hasta quien efectivamente resolvió, pasando por cualquier delegación intermedia.
Cómo se examina esto de verdad
El caso típico da una resolución firmada por un concejal o por la Junta de Gobierno Local sobre una materia concreta, y pide comprobar si existía delegación válida, si esa materia era delegable y si el firmante se mantuvo dentro de su alcance. Es la misma lógica de reparto de competencias que ya vimos en Pleno, Junta de Gobierno Local y Alcaldía: quién decide qué en un ayuntamiento, aplicada ahora a cuándo esa competencia puede desplazarse a otro órgano.
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