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Marta, convocada a una cita en una Subsecretaría, resbaló en el vestíbulo y sufrió una fractura. Una tubería del edificio llevaba tres días perdiendo agua pese a dos avisos registrados a la unidad ministerial de mantenimiento. Esa mañana, el responsable ordenó mantener abierto el acceso sin reparar la fuga. La empresa de limpieza secó la zona, pero su operario omitió colocar la señal exigida por el contrato. Las cámaras muestran que Marta caminaba normalmente y no existía itinerario alternativo marcado. Reclama 22.000 euros: acredita 14.000 de daño corporal y 4.000 de pérdida de ingresos, pero no justifica otros 4.000. La aseguradora de responsabilidad del Ministerio ha anticipado, por cuenta de este y como pago parcial, 5.000 euros por los mismos daños. El crédito disponible para indemnizaciones es insuficiente. El instructor debe oír a la contratista y coordinar decisión, pago y recuperación.
Ley 40/2015 · Ley 39/2015 · Ley 9/2017 · Ley 47/2003 · Código Civil · Ley 50/1980
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El Archivo Central de un ministerio contrató por 60.000 euros el traslado de 240 cajas desde dos archivos de gestión. El inventario de salida, firmado el 22 de diciembre de 2025, asignaba código, precinto y destino a cada caja. La empresa, encargada del tratamiento, perdió la caja 117 durante treinta horas y avisó al ministerio veinte horas después de detectarlo. Contenía treinta y dos expedientes personales, incluidos datos disciplinarios y de salud. Fue localizada abierta en una zona de carga accesible a terceros; no puede descartarse consulta o copia. El pliego fijaba una penalidad de 6.000 euros por pérdida de custodia imputable. El proveedor presentó factura íntegra el 29 de diciembre. La recepción no se formalizó entonces: la caja apareció el 2 de enero de 2026 y la conciliación final se completó el día 8. Deben cerrarse incidente, contrato y gasto.
Real Decreto 1708/2011 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · LO 3/2018 (LOPDGDD) · Real Decreto 311/2022 · Ley 9/2017 · Ley 47/2003 · Orden HAC/1272/2025
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Un ministerio formaliza por 480.000 euros un contrato para digitalizar 120.000 expedientes de prestaciones. El precio unitario es de cuatro euros por expediente aceptado. El pliego exige índice, metadatos y control de calidad, identifica a la directora técnica como personal esencial y somete su sustitución a autorización previa con cualificación equivalente. La empresa actúa como encargada del tratamiento y solo puede recurrir a otro encargado con autorización previa y escrita. Sin comunicarlo, sustituye a la directora y entrega parte del escaneado a una subcontratista. En el primer hito presenta 60.000 expedientes y factura 240.000 euros; 52.000 superan el control y 8.000 carecen de índice o metadatos. Existe crédito comprometido, pero la obligación todavía no se ha reconocido. Durante la revisión, una carpeta pública expone durante tres horas 400 expedientes con datos de salud. Los registros acreditan 19 descargas externas. El ministerio bloquea el enlace, conserva las evidencias y confirma que el incidente supone alto riesgo para las personas afectadas. El contrato prevé corrección de defectos, una penalidad proporcionada por incumplimiento del personal esencial y las obligaciones de seguridad, y devolución o supresión de los datos al terminar el servicio.
Ley 9/2017 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · Ley 39/2015 · Ley 47/2003 · Real Decreto 203/2021 · Real Decreto 311/2022
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Un organismo autónomo estatal resuelve por concurso un puesto de jefatura y lo adjudica a Ana, con destino en la misma localidad. La convocatoria fija los méritos y su acreditación, y la resolución, notificada el 3 de junio de 2026, indica que agota la vía administrativa. Elena, segunda clasificada a 0,80 puntos, interpone el 10 de junio recurso potestativo de reposición y pide suspender la toma de posesión. Alega que la comisión valoró a Ana doce meses de experiencia que no constan en el certificado aportado antes de acabar el plazo. Ana formula oposición y mantiene disponible la documentación presentada. Paralelamente, un borrador de reorganización propone suprimir el puesto en octubre, trasladar sus funciones a otra unidad y reducir crédito de personal; aún no se ha aprobado la modificación de la RPT ni la presupuestaria. Un correo del director afirma que la supresión «dejará sin objeto el recurso». El puesto continúa en la RPT y dispone de crédito. El plazo de toma de posesión de Ana sigue abierto.
Ley 39/2015 · RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 364/1995 · Ley 47/2003 · Ley 40/2015
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Una Dirección General atiende presencialmente a unas novecientas personas por semana en un edificio estatal. La entrada tiene seis escalones, el ascensor no admite sillas de ruedas y el mostrador carece de bucle de inducción. Se aprueba un proyecto de reforma por 780.000 euros, con una única unidad funcional y ejecución entre noviembre de 2026 y agosto de 2027. El proyecto prevé tres fases para conservar abierta parte de la oficina, un itinerario provisional accesible por un anexo estatal próximo y el traslado temporal de dieciocho empleados dentro de la misma localidad, sin cambiar sus funciones. El crédito inicial de 2026 es de 500.000 euros: se programan certificaciones por 300.000 euros en 2026 y 480.000 en 2027. Durante la obra aparece una viga oculta que un estudio diligente no pudo detectar; la solución añade un 9 %, no cambia la naturaleza global y todavía no se ha ejecutado. Ciudadanos presentan quejas por señalización confusa. La contratista pide certificar cada fase y recibir la obra sin comprobar el funcionamiento del ascensor.
Real Decreto Legislativo 1/2013 · Ley 4/2026 · Real Decreto 366/2007 · Ley 9/2017 · Ley 47/2003 · Ley 31/1995 · RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 364/1995 · Real Decreto 951/2005 · Ley 39/2015 · Resolución DGP de 20 de enero de 2014
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El 5 de octubre de 2026, un terremoto corta los accesos a la capital de un país extranjero y obliga a la Embajada de España a evacuar a 186 personas hacia un puerto seguro. La Subsecretaría designa a la jefa de Cancillería como coordinadora, pero conserva en cada órgano sus competencias. Autoriza por cuatro días la comisión de tres funcionarios destinados en otra ciudad. El órgano de contratación encarga de emergencia, en expediente separado, autobuses por 72.000 euros. Para alojamiento puntual, combustible y medicamentos cuya documentación no puede aportarse al inicio, se libran 30.000 euros a justificar al habilitado. Este cambia la totalidad a 1,25 unidades locales por euro, gasta 35.000 unidades y conserva 2.500. Dos pequeños proveedores solo pueden entregar recibos identificados y firmados. La lista operativa contiene nombre, teléfono, salud y punto de recogida de cada evacuado. Terminada la salida el 9 de octubre, deben liquidarse la comisión, la prestación de transporte y la cuenta del libramiento sin mezclar sus documentos ni sus controles.
Ley 40/2015 · Real Decreto 462/2002 · Ley 9/2017 · Ley 47/2003 · Real Decreto 640/1987 · Real Decreto 938/2005 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)
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Una norma de reestructuración publicada en el BOE suprime el 15 de octubre de 2026 la Subdirección de Tramitación del Organismo Autónomo de Servicios Sociales y atribuye íntegramente sus funciones a la nueva Subdirección de Gestión Integrada. Hay 84 expedientes en instrucción, nueve notificaciones preparadas y doce carpetas híbridas con originales en papel; sus plazos continúan corriendo. Una orden anterior delegaba determinadas resoluciones en la persona titular de la unidad suprimida. Ocho puestos siguen adscritos a ella en la RPT, aunque una nota interna ordena al personal incorporarse a la sucesora. Quedan 420.000 euros en una aplicación vinculada al antiguo centro gestor y existen documentos A y D por 180.000. El certificado de sello, la sede y el Punto de Acceso General todavía muestran la denominación extinguida. Los expedientes incluyen datos de discapacidad y bancarios. La disposición transitoria conserva los actos anteriores y ordena a la unidad sucesora continuar la tramitación. Debe ejecutarse la transición sin exigir nuevas solicitudes ni ocultar quién actúa desde la fecha efectiva.
Ley 40/2015 · Ley 39/2015 · RDL 5/2015 (TREBEP) · Ley 47/2003 · Real Decreto 203/2021 · Real Decreto 1708/2011 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)
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El Ministerio de Derechos Sociales adjudica por 240.000 euros una campaña sobre servicios de autonomía personal. El pliego obliga a respetar igualdad y no discriminación, exige validación previa de cada pieza y califica ese deber como esencial; además prevé una penalidad proporcionada de 12.000 euros por difusión no autorizada de material contrario a esas condiciones. El segundo hito, de 80.000 euros, comprende vídeo, cuñas, carteles y versiones accesibles y solo se recibe cuando todo el conjunto es conforme. La agencia entrega un vídeo que presenta a todas las personas mayores como incapaces de decidir y dependientes de familiares jóvenes. Una técnica advierte por escrito que falta la revisión de igualdad, pero su jefa autoriza la difusión. El vídeo permanece treinta y seis horas en dos plataformas; las restantes piezas aún no se publican. Llegan catorce quejas y dos personas alegan un daño individual. La agencia factura el hito completo y ofrece sustituir en veinticuatro horas la secuencia afectada, conservando el resto. El Ministerio debe detener el daño y resolver por separado contrato, recepción, pago, quejas y responsabilidades.
CE · Ley 15/2022 · Ley 9/2017 · Ley 40/2015 · Ley 39/2015 · RDL 5/2015 (TREBEP) · Ley 47/2003 · Real Decreto 951/2005
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En los últimos días del ejercicio, la Subsecretaría tramita tres expedientes. Una resolución firme reconoció atrasos retributivos a seis funcionarios; existe crédito suficiente en capítulo 1, pero falta reconocer la obligación. En un contrato de mantenimiento, un informe propone una modificación por una necesidad sobrevenida que cumple materialmente el artículo 205.2.b) LCSP; aún no se ha aprobado ni ejecutado y carece de crédito disponible. Un segundo contrato tiene el gasto comprometido, el servicio de diciembre íntegramente prestado y conforme y la factura correctamente registrada, pero sigue pendiente la fase O. Para financiar la modificación se propone minorar crédito de una inversión de capítulo 6. La Intervención advierte que no pueden mezclarse aplicaciones ni anticiparse fases y que cada expediente debe conservar su trazabilidad al cierre.
Ley 47/2003 · Ley 9/2017 · RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 2188/1995 · Real Decreto 1619/2012 · Orden de operatoria contable de 1 de febrero de 1996
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Una Delegación del Gobierno y una consejería autonómica prestan durante tres años atención rural desde un vehículo estatal mediante un convenio publicado. Cada Administración conserva sus competencias y su registro; una aplicación común dirige cada escrito al registro competente. Ambas determinan conjuntamente las finalidades y medios del sistema de cita y de los ajustes de accesibilidad, pero cada una decide por separado sobre sus expedientes. El convenio fija perfiles de acceso, una comisión de seguimiento, aportaciones limitadas al coste y una posible prórroga anual por acuerdo unánime previo. Durante una jornada, una empleada estatal abre sin necesidad un informe autonómico de salud, una solicitud autonómica se enruta por error al registro estatal y una usuaria presenta una queja por haber sido enviada entre dos mesas.
Ley 40/2015 · Ley 39/2015 · Real Decreto 203/2021 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · Real Decreto 366/2007 · Real Decreto 951/2005 · RDL 5/2015 (TREBEP)
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Un ataque bloquea desde las 06:15 la sede y el sistema financiero de un centro estatal. La sede publica la indisponibilidad a las 07:00; ese día vencen solicitudes todavía no presentadas y veintitrés notificaciones no llegaron a ponerse a disposición. El plan de continuidad está aprobado. La nómina tiene obligación reconocida y orden de pago validada, pero el fichero bancario no se envió. Otras órdenes a proveedores quedaron en estados distintos y algunas pudieron transmitirse antes del corte, todas con identificador único. El proveedor de servicios gestionados, encargado del tratamiento, conserva logs que apuntan a una posible extracción, aún no confirmada. El contrato impone aviso inmediato, preservación de evidencias y recuperación. El centro activa a seguridad, habilitación, tesorería y delegado de protección de datos.
Ley 39/2015 · Real Decreto 203/2021 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · Real Decreto 311/2022 · Ley 9/2017 · Ley 47/2003
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Una rotura de tubería alcanza el cuadro eléctrico de una oficina estatal: cae parte del falso techo, una visitante resulta lesionada y el edificio queda cerrado. La sede electrónica territorial también permanece indisponible de 08:00 a 15:30, precisamente el último día de varios plazos. Existe otra oficina pública accesible; cinco empleados continúan allí la atención y dos deben desplazarse temporalmente a otro municipio por orden del órgano competente. El contrato de mantenimiento venció el mes anterior y no admite prórroga. Aislar la instalación y ejecutar la reparación mínima es indispensable para eliminar el peligro. Antes del siniestro, un empleado sin competencia había pedido equipamiento ordinario: está entregado y facturado, pero no existe contrato ni compromiso de gasto. El agua expone expedientes con datos personales y no se sabe si terceros accedieron. La lesionada reclama indemnización. La Administración aprecia que una actuación del antiguo contratista pudo contribuir al daño y conserva sus datos para llamarlo al procedimiento.
Ley 39/2015 · Ley 40/2015 · Real Decreto 203/2021 · RDL 5/2015 (TREBEP) · Real Decreto 462/2002 · Ley 9/2017 · Ley 47/2003 · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) · Real Decreto 311/2022 · Ley 31/1995