No todo el mundo que trabaja en un ayuntamiento tiene el mismo vínculo jurídico con él, y esa diferencia no es solo administrativa: determina el régimen de acceso, el procedimiento de cese y hasta qué jurisdicción resuelve un conflicto. El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015) distingue estas categorías desde su artículo 8.2: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
Personal laboral: la clave está en el vínculo contractual
El artículo 11.1 del TREBEP define al personal laboral como quien, en virtud de un contrato de trabajo formalizado por escrito, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. Ese contrato puede ser fijo, indefinido o temporal, pero siempre se rige por la legislación laboral —el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo aplicable— además de por el propio TREBEP. El funcionario de carrera, en cambio, no tiene un contrato: ocupa una plaza mediante nombramiento, sujeto a un régimen estatutario, no laboral.
Por qué la temporalidad exige causa
Contratar personal laboral temporal sin causa habilitante no está permitido: la contratación de duración determinada exige identificar la circunstancia concreta que la justifica, conforme al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Mezclar una sustitución, un refuerzo temporal y una plaza estructural vacante en un mismo contrato es, precisamente, el error que un supuesto práctico suele tender: cada necesidad tiene su propio régimen jurídico y su propia duración, y no pueden resolverse con la misma figura.
Y el interino, ¿en qué se diferencia?
El funcionario interino ocupa temporalmente funciones propias de un funcionario de carrera, pero no tiene contrato de trabajo: es un nombramiento sujeto, en lo que resulte adecuado a su carácter temporal, al régimen general de los funcionarios de carrera. Es una tercera figura, distinta tanto del funcionario de carrera como del personal laboral, y confundirla con cualquiera de las otras dos es uno de los errores más frecuentes al calificar un puesto en el supuesto.
Concurso o libre designación: no es una elección libre
Para los puestos reservados a funcionarios de habilitación nacional —Secretaría, Intervención-Tesorería—, el sistema ordinario de provisión definitiva es el concurso, y solo excepcionalmente, en los supuestos previstos, la libre designación, según el artículo 27 del Real Decreto 128/2018. La Alcaldía no puede nombrar libremente a cualquier empleado como Secretario-Interventor definitivo: esos puestos tienen reserva legal, conforme al artículo 92 bis de la LBRL, y su cobertura temporal —nombramiento provisional, acumulación, comisión de servicios— también está reglada, no es una decisión discrecional.
Lo que pone a prueba el supuesto
El caso típico plantea una necesidad de personal —una baja, un refuerzo, una plaza vacante— y pide calificar correctamente el vínculo aplicable antes de resolver cualquier otra cuestión sobre plazo o procedimiento. Es la misma lógica de clasificación por categorías que tratamos en auxiliar administrativo (C2) y administrativo (C1) en ayuntamientos, aplicada ahora al tipo de vínculo, no a la titulación de acceso.
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