Diagnóstico tardío y pérdida de oportunidad terapéutica

El 4 de febrero de 2024 Elena Vidal acudió a un hospital autonómico con signos neurológicos cuyo protocolo exigía una prueba urgente. La exploración se demoró cinco días. Dos informes coinciden en que la demora redujo del 70 % al 30 % la probabilidad de evitar una paresia permanente, sin afirmar que la atención puntual hubiera impedido toda secuela. Tras el alta del 1 de mayo, Elena siguió rehabilitación; el especialista fijó la estabilización el 20 de agosto de 2024, mientras la aseguradora la sitúa en el alta. El 15 de agosto de 2025 reclamó 120.000 euros con informes y prueba propuesta. Sin umbral consultivo autonómico distinto, la Administración denegó siete meses después, sin dictamen, por faltar certeza causal absoluta. La resolución agotó la vía administrativa.