Resolución desfavorable sin motivación suficiente

El 14 de mayo de 2026, el servicio jurídico de tramitación de una entidad de derecho público inicia la tramitación de una propuesta de resolución que limita un interés legítimo. En el expediente comparece Inés Santos como persona interesada y una representante inscrita en el registro de apoderamientos afirma actuar en su nombre. La propuesta se limita a citar dos preceptos y a reproducir la conclusión de un informe sin explicar cómo se aplican a los hechos acreditados. La persona interesada había formulado alegaciones relevantes que no aparecen contestadas. Antes de firmar, deben revisarse la motivación, la congruencia y el contenido del pie de recursos. El borrador de resolución se somete a control previo de competencia, procedimiento, forma, motivación, congruencia y fecha de efectos. El servicio jurídico de tramitación debe distinguir los posibles supuestos de nulidad y anulabilidad, valorar si el defecto permite conversión, conservación o convalidación y comprobar que una eventual eficacia retroactiva no lesione derechos ni dependa de hechos inexistentes en la fecha a la que se pretenden retrotraer los efectos.