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EXP. 2026/8B3F-AGE
La Subsecretaría de un ministerio incoó expediente disciplinario a Diego, funcionario de la Inspección General de Servicios, y acordó motivadamente su suspensión provisional desde el 1 de enero de 2026 para proteger documentos y testigos. Del 1 de abril al 31 de mayo el expediente quedó paralizado por vacante del instructor, sin actuación obstructiva de Diego. La Administración mantuvo la suspensión hasta resolver el 31 de agosto y retuvo todas sus retribuciones durante esos ocho meses. La resolución final impuso suspensión firme de tres meses y no apreció hechos nuevos. La unidad debe decidir qué tiempo queda absorbido por la sanción, qué periodo excede la medida cautelar, qué haberes y servicios se regularizan, si Diego conserva su puesto y cómo evitar que la demora administrativa opere como castigo añadido.
Normas examinadas: RDL 5/2015 (TREBEP), Real Decreto 365/1995, Real Decreto 33/1986, Ley 39/2015
Última revisión jurídica: 27/10/2026