Recurso mal calificado contra una resolución expresa

El 14 de mayo de 2026, la Delegación del Gobierno en Castilla y León, a través del servicio de recursos y procedimientos administrativos, inicia la tramitación de un escrito que impugna una resolución administrativa. En el expediente intervienen Inés Santos como persona interesada y un secretario del órgano competente por razón de sus funciones. La persona interesada denomina al escrito «recurso de revisión», aunque por su contenido combate una resolución reciente que no ha agotado la vía administrativa. Se presenta ante el órgano que dictó el acto, incorpora nuevas alegaciones y solicita la suspensión de sus efectos. La unidad debe atender a la verdadera naturaleza de la impugnación, comprobar plazo y competencia y tramitar separadamente la petición cautelar. El servicio incorpora el escrito inicial o de impugnación, la acreditación de la representación, las fechas de registro y notificación, el acto cuestionado y la petición cautelar, cuando existe. Debe fijar competencia, plazo máximo, eventuales suspensiones, audiencia y contenido de la resolución, y distinguir recurso, revisión de oficio, lesividad y responsabilidad patrimonial sin perder las garantías de presentación y subsanación.