La oficina móvil que comparte datos con otra Administración

Una Delegación del Gobierno y una consejería autonómica prestan durante tres años atención rural desde un vehículo estatal mediante un convenio publicado. Cada Administración conserva sus competencias y su registro; una aplicación común dirige cada escrito al registro competente. Ambas determinan conjuntamente las finalidades y medios del sistema de cita y de los ajustes de accesibilidad, pero cada una decide por separado sobre sus expedientes. El convenio fija perfiles de acceso, una comisión de seguimiento, aportaciones limitadas al coste y una posible prórroga anual por acuerdo unánime previo. Durante una jornada, una empleada estatal abre sin necesidad un informe autonómico de salud, una solicitud autonómica se enruta por error al registro estatal y una usuaria presenta una queja por haber sido enviada entre dos mesas.