Asistencia electrónica y representación no acreditada

El 5 de febrero de 2026, la Delegación del Gobierno en Castilla y León, a través de la oficina de información y atención a la ciudadanía, inicia la tramitación de una solicitud de reconocimiento de un derecho administrativo. En el expediente intervienen Andrés Molina como persona interesada y una funcionaria habilitada por razón de sus funciones. La persona solicitante pide ayuda para identificarse y firmar electrónicamente, pero quien la acompaña pretende presentar el escrito en su nombre sin aportar poder ni autorización bastante. La solicitud omite un anexo esencial, remite a otro documento que ya obra en poder de la Administración y designa un correo ordinario como único medio de contacto. Un tercero acredita que la decisión puede afectar a sus derechos y solicita acceso al expediente. La hoja de tramitación incorpora la solicitud, la acreditación de quien comparece, el justificante de registro y las preferencias de comunicación. La oficina debe documentar la asistencia prestada, los defectos que requieran subsanación, el canal exigible y las incidencias de plazo; si después se practica una notificación o se pide acceso a información pública, deberá conservar sus evidencias, identificar al órgano competente y proteger los datos personales afectados.